Todos los intentos por imponer una contrarrevolución cultural tropiezan con la misma piedra: la vida de los pueblos no se borra con decretos ni con narrativas prefabricadas.
Vivimos tiempos de posverdad, una época en la que desde las tribunas del poder se pretende reescribir el sentido común, alterar el relato de la historia y adormecer las conciencias. Quieren hacernos creer que la historia comienza y termina con sus discursos, que la cultura y la justicia pueden moldearse al antojo de las conveniencias de turno.
Pero escribir y leer siguen siendo formas de disputar el relato y defender la dignidad. Siempre quedará una historia de justicia por rescatar, una llama que la propaganda podrá ocultar durante un tiempo, pero que encontrará en la voluntad de los pueblos la fuerza para resurgir.
La cultura no reside en las oficinas ni en las consignas gubernamentales. Está encarnada en la piel, en el territorio y en la memoria de la gente. Vive en las palabras que los abuelos transmiten a sus nietos, en las manos que moldean el barro, en los cantos que acompañan el trabajo y en los tambores que convocan a la celebración. Vive, incluso, en aquello que nunca llegó a escribirse porque quienes lo crearon no tuvieron escuela, imprenta ni escenario donde hacerse escuchar.
Para borrarla tendrían que arrancar de la memoria de los niños los cantos de vaquería que todavía resuenan en las sabanas de Bolívar, Córdoba y Sucre, y también en los llanos orientales. Tendrían que silenciar a las cantadoras que, junto al río Magdalena, desgranan un bullerengue entre el agua y el viento, mientras los recién nacidos abren los ojos al mundo bajo el arrullo de una tradición que los precede.
En Colombia, esta disputa tiene escenarios concretos. Cuando se decide qué piezas permanecen en un museo, qué testimonios encuentran espacio en los relatos oficiales o qué memorias resultan incómodas para quienes gobiernan, se está discutiendo el derecho de una sociedad a reconocerse en toda su complejidad. La agresión al Museo Nacional, consumada estos días de octubre mediante el retiro de varias piezas, volvió a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿quién decide qué debe recordar un país?
Ningún gobierno debería confundir la cultura de una nación con su propio programa ideológico. La memoria de Colombia es demasiado vasta y contradictoria para caber en el relato de una sola facción.
La batalla cultural también se libra en las escuelas que enseñan a pensar, en las bibliotecas que mantienen abiertas sus puertas y en las condiciones de vida de quienes crean. Un país puede celebrar a sus poetas y condenarlos al olvido, convertir sus músicas en espectáculo y despreciar a quienes las mantienen vivas, exhibir sus artesanías en los escaparates del mundo mientras sus creadores apenas consiguen sobrevivir. También puede sepultar la memoria bajo toneladas de ruido y convertir la indignación en mercancía.
No basta con permitirnos bailar: tenemos derecho a decidir qué bailamos, qué contamos y qué belleza queremos dejarles a nuestros hijos. Un pueblo puede conservar sus canciones y, sin embargo, ser despojado de las condiciones necesarias para seguir cantándolas. La verdadera resistencia consiste en impedir que nos conviertan en extranjeros dentro de nuestra propia memoria.
Durante siglos, las élites se han reservado el privilegio de narrar la historia, imponer sus héroes, sus dolores y sus glorias, como si la belleza fuera una propiedad privada. No se trata de sustituir una verdad oficial por otra ni de cambiar de dueño el relato dominante. Se trata de romper el monopolio: que el campesino pueda narrar su despojo sin que otros hablen en su nombre, que las comunidades indígenas y afrocolombianas sean reconocidas como autoras de su historia y que las mujeres puedan contar sus dolores y rebeldías sin que nadie les dicte cómo recordarlos.
Y cuando esas voces encuentren su lugar, no regresarán únicamente los nombres consagrados ni quienes tuvieron cabida en los libros oficiales. Se harán presentes el menor de los poetas, el más anónimo de los pintores, la mujer que bordó su duelo sin firmar un solo lienzo y el hombre que convirtió su rabia en canción. También quienes, sin reconocimiento ni tribuna, encontraron en el arte una manera de resistir. Porque la belleza es un derecho de todos, incluso —y sobre todo— de aquellos a quienes la historia les ha negado hasta el privilegio de contar su propia vida.
Durante siglos, las élites intentaron arrebatarnos hasta el baile, como si el ritmo, la alegría y el derecho a celebrar la vida debieran someterse a sus modales y jerarquías. Quisieron enseñarnos qué músicas merecían respeto y cuáles debían esconderse en los márgenes. Pero el baile fue nuestra última riqueza inviolable: el territorio donde, aun despojados de casi todo, seguimos siendo dueños de nosotros mismos.
Podrán quitarnos la tierra, silenciar nuestras voces y convertir nuestras danzas en mercancía. Pero cada vez que un cuerpo se abandona al tambor, que los pies levantan el polvo y la cadera contradice al poder, vuelve a ocurrir el prodigio: la vida se niega a pedir permiso para ser feliz.
La historia no garantiza por sí sola la reparación. Somos nosotros quienes debemos impedir que el olvido se convierta en destino.
Nadie calla la memoria mientras alguien esté dispuesto a contarla. Y ningún poder habrá vencido del todo mientras un pueblo conserve la capacidad de narrarse a sí mismo, de bailar sus dolores y sus alegrías y de encontrar, incluso en medio de la adversidad, una razón para celebrar la vida.
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