Entre buses varados y torniquetes saltados: la movilidad como derecho, que Cartagena no termina de garantizar

En Cartagena, miles de personas dependen diariamente del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe para movilizarse a su trabajo, su centro educativo o sus servicios de salud. Sin embargo, este sistema enfrenta una doble problemática que compete su función. Un servicio deficiente y una ciudadanía que, en buena medida, incumple su parte.

Los usuarios habituales del sistema, experimentan de primera mano, esperas de hasta dos horas, buses varados a mitad de trayecto y el deterioro deliberado de la infraestructura por parte de otros usuarios. Esta experiencia, lejos de ser excepcional ilustra una falencia estructural: la movilidad en Cartagena no se garantiza como el derecho que constitucionalmente es, y este incumplimiento afecta con mayor severidad a quienes cuentan con menos alternativas de desplazamiento.

La movilidad no constituye un privilegio ni una comodidad accesoria. La corte constitucional ha señalado que la libre locomoción es un derecho fundamental, en tanto presupuestos para el ejercicio de otros derechos como la educación, el trabajo y la salud, en la medida en que estos dependen de la posibilidad de desplazarse (Corte Constitucional de Colombia,2026, párr. 125). En la sentencia T-226 de 2026 la Corte reiteró que las barreras de acceso al transporte afectan por sí mismas los derechos fundamentales, en especial personas de especial protección constituciónal (párr 132). La sentencia T-382 de 2018, sobre accesibilidad de personas con discapacidad, precisó que dicha protección genera obligaciones de accesibilidad tanto para el Estado como para los particulares que prestan el servicio.

La precariedad del servicio es evidente y no afecta a todos por igual. Las quejas documentadas incluyen demoras constantes y falta de cobertura en barrios como Bocagrande, Paraguay o Nelson Mandela (El Tiempo, 2025), sectores populares donde reside buena parte de quienes más dependen del sistema. Entre tanto, la tarifa del pasaje se incrementó a $3.900 en enero de 2026, la más alta del país, en medio de protestas por el hacimiento, la incineración de buses y el deterioro dela flota (La FM, 2026). Para quien devenga el salario mínimo, este sobrecosto cotidiano dista de ser un asunto menor.

El deterioro del sistema no es atribuible exclusivamente al operador. En las estaciones de Transcaribe hay usuarios que no respetan el turno, maltratan a otros pasajeros o dañan deliberadamente la infraestructura, y quienes con mayor frecuencia presencian los hechos suelen ser, nuevamente, las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores o las mujeres con niños en brazos. Esta situación no es exclusiva de Cartagena: en TransMilenio, cerca del 15% de los usuarios evade el pago, lo que genera un déficit de hasta $295.000 millones anuales y costos por vandalismo cercanos a $17.000 millones (El Nuevo Siglo, 2026). Expertos coinciden en que buena parte de esta conducta responde a su normalización social y a la baja percepción de consecuencias (Infobae, 2026).

Ambas problemáticas se retroalimentan. Un servicio deficiente erosiona la confianza de quien lo utiliza diariamente, y esa desconfianza facilita el maltrato a buses y estaciones; dicho maltrato, a su vez, reduce aún más la flota disponible y prolonga las esperas. Mientras este círculo no se interrumpa, el derecho a la movilidad de miles de cartageneros que dependen del sistema para trabajar, estudiar o acudir a una cita médica seguirá sin estar garantizado, y serán los sujetos de especial protección quienes continúen asumiendo la mayor carga.

En consecuencia, el llamado debe ser doble. A la Administración y a los operadores corresponde cumplir lo que la jurisprudencia ya ordena: un servicio sin barreras de acceso, con mantenimiento efectivo y cobertura real en los barrios populares, no solo promesas de renovación de flota. A quienes utilizan el sistema corresponde comprender que cuidar un bus o respetar un turno no es una concesión hacia Transcaribe, sino una forma de proteger el propio derecho a desplazarse y el de quien cuenta con menos posibilidades. La movilidad no se garantiza únicamente con buses nuevos ni con mejores comportamientos ciudadanos. Se garantiza cuando institución y ciudadanía asumen que este derecho es responsabilidad compartida.

Silvia Castellar Rangel

Estudiante Semillerista

Bibliografía

Corte Constitucional de Colombia. (2018, 19 de septiembre). Sentencia T-382 de 2018. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-382-18.htm 
Corte Constitucional de Colombia. (2026). Sentencia T-226 de 2026. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2026/T-226-26.htm 
El Nuevo Siglo. (2026, 19 de septiembre). Se reabre debate estructural por seguridad y evasión en TransMilenio. https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/se-reabre-debate-estructural-por-seguridad-y-evasion-en-transmilenio 

El Tiempo. (2025, 17 de octubre). Crisis de Transcaribe llega a los estrados: juez respalda críticas del alcalde Turbay y avanza demanda contra Sotramac por mal servicio y pérdidas. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-crisis-de-transcaribe-llega-a-los-estrados-juez-respalda-criticas-del-alcalde-dumek-turbay-y-avanza-demanda-contra-sotramac-por-mal-servicio-3500222 

Infobae. (2026, 2 de septiembre). Evasión en TransMilenio dispara las sanciones: estas son las conductas que más comparendos generan en Bogotá. https://www.infobae.com/colombia/2026/09/02/evasion-en-transmilenio-dispara-las-sanciones-estas-son-las-conductas-que-mas-comparendos-generan-en-bogota/ 

La FM. (2026, 26 de enero). Hay protestas en Cartagena contra el alza de Transcaribe: es el pasaje más caro de Colombia. https://www.lafm.com.co/sociedad/protestas-en-cartagena-por-alza-de-transcaribe-el-pasaje-mas-caro-de-colombia-388511