Como es bien sabido, el origen de las concesiones en Colombia data de la década de los 90. En realidad esta estrategia de desarrollo, según Fedesarrollo, le ha ahorrado al país casi un 50% de sus inversiones públicas. Les ha liberado recursos para otras inversiones de tipo social y por supuesto en avanzar en la competitividad de Colombia frente a los retos de la globalización y la apertura de los mercados. En resumen es una unión de negocio entre lo público y lo privado, llamada APP.
El distrito de Cartagena es fiel testigo de las concesiones. No se podría decir que le ha ido mal. Pero, las formas como se hicieron lo dejaron sin herramientas para defenderse. Sólo un ejemplo, el corredor de acceso rápido, cumplió todos sus tiempos y sigue ahí. TRANSCARIBE va para APP. Hay otras en puertos, aeropuertos, viales, hoteleras, agua y electricidad.
Las APP por su transparencia y funcionalidad para operativizar los megaproyectos en que está comprometido el gobernante en su plan de desarrollo, son la moda, por decirlo de una manera popular. Sólo son aplicables cuando el monto del proyecto de inversión supera 6.000 smmlv y el máximo aporte de lo público es hasta un 20% del valor total del proyecto, según la misma ley.
Si son millonarias inversiones, es normal que el concejal Betancourt o cualquier ciudadano se pronuncie sobre eso. Sobre todo que su socialización y conocimiento en la ciudad, pareciera que se hizo a escondidas. Es el desarrollo de Cartagena. Y además van a cambiar el rumbo de sus habitantes.
Si es un negocio, ambas partes deben salir beneficiadas. ¿Cierto? Y en estas negociaciones, casi siempre, uno sólo recibe casi todas las utilidades. ¿Qué clase de compromisos sociales debe cumplir el concesionario, ahora el asociado? ¿Qué entidad ejerce vigilancia y control sobre sus operaciones? Para ejemplarizar, ¿A dónde van a parar las grandes utilidades de las concesiones del distrito?
Ahora bien, los beneficios públicos son la modernización de su infraestructura y volverla más competitiva. Generación de empleos, generación de riquezas para las familias y por último tributos por el uso del bien público...Los beneficios privados son económicos. Dinero, rentabilidad, utilidad y grandes ganancias.
Las inversiones en lo público, no las deberían de exonerar por siempre de pagar tributos por el uso del cualquier bien. Recuperan su inversión a su TIR establecida. Y lo peor, cumplen su ciclo y siguen usufructuando con la complicidad del distrito. Sin embargo, el sector público sigue direccionando el desarrollo y bienestar de los ciudadanos en constante crecimiento demográfico. Ahí es donde se debe demostrar la verdadera responsabilidad social empresarial, tan cacareada por muchos pero incumplida por todos.
El alcalde Dionisio Vélez, inspirado en la ley de distrito, debería hacer una revisión de estas grandes concesiones que han provocado una parcelación de la ciudad en grupos económicos y familias enteras. Pero además, jalonar APP en la cultura y en el arte, como han hecho en Bogotá, y no sólo centrarse en megaproyectos viales, hoteleros, portuarios, aeroportuarios, eléctricos y agua.
Recuerden que, la pluralidad y diversidad de la gente de Cartagena reclama otros espacios que les pertenece, donde ellos también puedan aportar al desarrollo desde su mirada holística cotidiana. La ciudad es arte y cultura por donde se mire.
Según lo dicho en su discurso de posesión ha elegido el camino correcto para la inclusión social y la atención de la pobreza extrema. Las APP también funcionan en esas direcciones. Por eso, las concesiones y APP ¿Negocio o desarrollo? Las dos cosas.
