Si bien el Derecho Internacional establece que los actores del conflicto armado deben tener una ideología política, y las Bacrim por supuesto no la tienen, cabe preguntarse ¿qué ideología política tuvieron las AUC? ¿Bajo qué criterios el ex presidente Uribe inició un proceso de desmovilización con ellos? ¿Por qué se está aplicando la justicia transicional con los desmovilizados y las víctimas de este grupo?
La urgencia de todos los colombianos de ponerle un freno a las Bacrim es inmediata.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo, los grupos armados que se crearon pos desmovilización de las AUC (Bacrim), -de los que son integrantes desmovilizados reincidentes, no desmovilizados, delincuentes comunes y narcotraficantes-, son uno de los principales violadores sistemáticos de los Derechos Humanos en zonas rurales y urbanas. Entre las acciones cometidas contra la población civil, está el desplazamiento forzado intraurbano.
A su vez, el último informe de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), afirma que por cada 10 denuncias que se reciben en las Personerías del país, 3 son por acciones de las Bacrim y en departamentos como Valle del Cauca, el 90% de los desplazamientos registrados en el último año son por estos grupos armados ilegales.
Este mismo informe correspondiente al año 2012, señala que Bolívar hace parte de los 8 departamentos donde más se han presentado acciones victimizantes contra la población civil por parte de las Bacrim.
Esto es corroborado por el más reciente informe entregado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo “Mapa nacional sobre riesgos de violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno 2012” donde se establece que el departamento bolivarense recibió dos alertas por los riesgos existentes en los municipios de El Peñón y Montecristo por posibles conductas vulneratorias de los DD. HH y el DIH por parte de la banda criminal de Los Urabeños (quienes en algunos sectores siguen identificándose como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Águilas Negras), además de las Farc y el ELN.
Así mismo, en Cartagena se han incrementado las denuncias en Personería y Defensoría del Pueblo sobre vulneración y violación de derechos por Bandas Criminales.
Los cartageneros, aterrados con los índices de inseguridad*, ya escuchan cada vez con más frecuencias historias como: “en ese barrio manda tal o cual bando”, “al señor de la tienda le tocó cerrar el negocio e irse del barrio porque no aguantó tanta vacuna”, o noticias como “Denuncian que escuelas de sicarios en Cartagena están reclutando menores**”. Sin embargo, pocos cartageneros creen que la ciudad se convirtió en uno más de los escenarios del conflicto armado existente en Colombia.
Aunque falta mucho para abordar esta problemática más allá de ofensivas policivas y militares, ya se han dado algunos pasos en ese sentido desde la rama judicial como el fallo de la Corte Constitucional que obliga a la Unidad de Víctimas a ampliar el concepto de “víctima” e incluir en él a los afectados por las acciones de las Bandas Criminales, a raíz de la tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín por el caso de las 18 familias del Cerro Pan de Azúcar.
Además de obligar al Estado a incluir a las víctimas de las Bacrim en la Ley 1448 (Ley de Víctimas), organismos como la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Unidad de Víctimas ya empiezan a recoger cifras sobre las afectaciones de estos grupos en ciudades y municipios y los describen como violadores de los Derechos Humanos pero también como infractores del Derecho Internacional Humanitario, entonces, ¿por qué no se asume que las Bacrim hacen parte activa del conflicto armado?
El gobierno nacional está obligado no sólo a garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas de las AUC, sino también a protegerlas de ser revictimizadas, tal y como está sucediendo en varios departamentos donde se está reclutando a menores y se vienen amenazando a líderes de restitución de tierras*** (entre otros hechos), así como a evitar que se generen más víctimas por acciones de nuevos grupos como las Bacrim que agraven la crisis social sufrida por millones de colombianos, incluso, desde su mismo nacimiento.
Hay que crear acciones efectivas tendientes a identificar la presencia real de las Bacrim en el territorio nacional que permitan enfrentarlas y desarticularlas, cosa que no se repita la historia de los paramilitares, quienes fueron admitidos, apoyados, financiados y hasta legalizados por sectores civiles y gubernamentales como un sistema de autodefensas con la excusa de acabar con las guerrillas.
A las AUC las dejamos nacer, crecer y apoderarse del país mientras mirábamos para otro lado ¿Vamos a permitir que pase lo mismo con las Bandas Criminales?
@paopianeta en Twitter
* Según reportes del Centro de Observación y Seguimiento al delito, en 2011 y 2012 ocurrieron 474 homicidios en Cartagena y sus corregimientos
** Caracol Radio, 13 de Junio de 2012 http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/denuncian-que-escuelas-de-sicarios-en-cartagena-estan-reclutando-menores/20120613/nota/1705268.aspx
*** “Colombia no ha podido contrarrestar significativamente el poder de los grupos sucesores de los paramilitares, lo cual también implica una amenaza directa para la seguridad de quienes reclaman tierras”: Informe El riesgo de volver a casa: Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia, Human Rigths Watch, 2013
