Tras el brutal asesinato de Rolando Pérez el 23 de febrero de 2007 -siete años de impunidad-, el grupo de amigos cercanos a él cayó en cuenta de una realidad escabrosa: quienes se reconocían en la sociedad como homosexuales, lesbianas, bisexuales o transexuales eran blanco fácil de personas qué, amparados en una biblia, en las “buenas costumbres” o por puro odio infundado, eran capaces de herir o asesinar a quienes consideran personas enfermas y depravadas.
El descubrimiento, aunque era un secreto a voces, fue que, por el hecho de no ser heterosexuales, cientos de personas parecen perder automáticamente sus derechos y se convierten en bichos raros a los cuales hay que exterminar o, por lo menos, esconder, amedentrar y amenazar para que no tengan la osadía de vivir una vida normal como la "gente de bien".
A partir de ahí nació un informe sobre la situación de derechos humanos de la población LGBTI no sólo en Cartagena sino en el Caribe, que juiciosamente realiza la Corporación Caribe Afirmativo, entidad creada por esos amigos dolidos e indignados de Rolando.
Pero lo que habrían de saber tras siete años de informes, no es menos vergonzoso que lo primero: la sevicia con la que se cometen los crímenes a la población LGBTI –26 en total durante el 2013, siendo el departamento de Bolívar el más peligroso para los LGBTI con nueve casos, seguido de Atlántico con 7– denotan el odio arraigado en la sociedad que justifica cualquier agresión, amenaza o acto violento porque es que “quien lo manda a ser marica”.
Descubrieron que las autoridades, desde los comandantes de Policía hasta los secretarios de las dependencias en alcaldías y gobernaciones y los funcionarios de estas oficinas, son condescendientes con estas actuaciones discriminatorias y violentas; y no se preocupan (o no como deberían) por darle claridad a los asesinatos, ataques, atentados, persecución, amenazas y otras conductas vulneratorias ni mucho menos por crear y ejecutar políticas públicas que garanticen el goce de los derechos de estas personas.
Descubrieron que, al igual que el caso de Rolando, los crímenes de personas LGBTI no merecen la atención del Estado porque todos son “crímenes pasionales” y que a todos los maricas les gusta hacerse las víctimas y les gusta inventarse enemigos donde no los hay.
Se dieron cuenta que de nada vale denunciar las agresiones, como en el caso de Nataly (chica trans asesinada en agosto de 2013 en San Onofre - Sucre), a quien el 1 de enero de 2013 le quemaron su vivienda con ella adentro, logró salir y salvar su vida; para ser agredida con arma blanca seis meses después y asesinada en agosto del mismo año; todos estos hechos cometidos, al parecer, por la misma persona a quien Nataly denunció, pero las autoridades no hicieron nada.
Comprobaron tristemente que los activistas LGBTI son usados como muñecos de decoración cuando de citar a reuniones y tomar fotos que comprueben “la inclusión y participación ciudadana de los grupos poblacionales” se trata y ser parte de las estadísticas de logros, pero que, al fin de cuentas, todo se queda en el papel porque la situación no cambia.
Estas y otras realidades que vulneran los derechos de estas personas y que las tienen con miedo de ser asesinadas o heridas, agredidas y discriminadas en cualquier momento, serán detalladas en el 7° informe sobre la situación de los derechos humanos de LGBTI “El déficit de derechos continúa”, a las 5 de la tarde de hoy en el Centro de Cooperación Española.
El primer paso para empezar a cambiar realmente las cosas es dejar los prejuicios atrás y sentarse a escuchar qué es lo que está pasando con estas personas, cuyos rostros pueden ser el de su hermano, sobrina, prima o hijo. Lo invito a que conozca el informe.
