Por mandato constitucional la presunción de inocencia es un derecho humano fundamental. No se puede caer en el error de enjuiciar y condenar sin que exista un debido proceso. Sin embargo, los indicios y las filtraciones de información, despiertan la atención y preocupación de un pueblo que ha sido históricamente azotado por la corrupción.
El caso del escándalo en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), ya tiene varios involucrados; entre ellos, a quien pareciera ser el cerebro del macabro acto de apoderarse del anticipo del contrato, cuyo objeto era suministrar el servicio de conexiones a internet para las escuelas de los lugares más apartados.
Las declaraciones rendidas ante los entes de control, involucran a varios padres de la patria como cómplices de los actos que permitieron la apropiación de la millonaria suma. De ser probada la participación de los “impolutos funcionarios”, será mayor vergüenza para nuestro País a nivel local e internacional. El castigo deberá ser ejemplar, para que hechos como los ocurridos, no se repitan. El peso de la Ley debe ser implacable ante la asquerosa corrupción.
