La inocencia se presume; los delitos se prueban. Así lo establece el principio constitucional de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política. Bajo esa premisa, todo se presume legal hasta que se demuestre lo contrario. El problema no es la norma; el problema es que, en muchos casos, nadie se toma el trabajo de comprobar.
Hay cosas imposibles de ocultar: la belleza, la inteligencia y la riqueza. Esta última es, quizás, la más difícil de disimular. La riqueza se nota, se exhibe, se vive. Nadie, teniendo con qué, está dispuesto a pasar necesidades, a vestir mal, a comer mal o a privar a su familia de comodidades. Y no hay nada reprochable en ello, siempre que el origen de esos recursos sea honesto, legal y fruto del trabajo, el emprendimiento o la inversión legítima.
Lo preocupante no es la riqueza en sí misma, sino su procedencia. En Colombia, cada vez es más común ver surgir nuevos ricos y poderosos que no ocultan su nivel de vida, pero sí el origen de su fortuna. Personas que, en muy poco tiempo, pasan de la austeridad a la opulencia sin que medie una actividad económica visible que lo explique. No tienen empresas conocidas, no producen bienes, no prestan servicios verificables, no son industriales, ni agricultores, ni constructores; simplemente son ricos.
Entonces surgen las preguntas inevitables: ¿de dónde salió el dinero?, ¿qué actividad generó ese crecimiento?, ¿qué negocio respalda ese patrimonio? Y, sin embargo, las respuestas no llegan. El silencio, la evasiva y la falta de investigación terminan convirtiéndose en cómplices de una realidad que todos ven, pero pocos se atreven a cuestionar.
En muchos casos, el poder y la riqueza parecen ir de la mano. Se paga para llegar, se invierte en campañas, se tejen alianzas, y una vez alcanzado el poder, la riqueza crece de manera desproporcionada. No es coincidencia; es un modelo que se repite y que erosiona la confianza en las instituciones.
No se trata de juzgar sin pruebas ni de desconocer el principio de inocencia. Se trata de exigir que se cumpla la otra cara de la moneda: la obligación de investigar, de verificar y de garantizar transparencia. Porque cuando nadie revisa, cuando nadie pregunta, cuando nadie controla, la presunción se convierte en impunidad.
No hay que hacer grandes esfuerzos para intuir lo evidente. A veces basta con observar, con conectar los puntos, con recordar ese viejo acertijo popular: “Blanco es gallina, lo pone, frito se come”. Una verdad simple, casi ingenua, que en el fondo revela una realidad compleja: que muchas veces el origen de la riqueza no es un misterio… es simplemente algo que nadie quiere decir en voz alta.