Las polémicas declaraciones dadas por el alcalde de Pereira, son contrarias a la constitución y a ley. A la luz del Artículo 11 de la Carta Política, ha quedado lo suficientemente claro que en Colombia no habrá pena de muerte, ni tortura. No obstante, la imprudencia en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, fue protagonista en los polémicos argumentos expresados por el alcalde; en especial, el que cito a continuación:
"Si hay fricciones con ellos e intentan fugarse, yo he autorizado, inclusive, con el respeto de los derechos humanos, pero dependiendo de la confrontación y garantizando el uso de la fuerza, que les demos de baja si es del caso para garantizar la seguridad ciudadana de todos los pereiranos"
A pesar que el derecho a la vida, no es respetado en nuestro país, que las desapariciones y la muerte producto de la violencia hacen parte del día a día, sería de mucho beneficio para Colombia que se implementara la pena de muerte para los casos de corrupción. Todo funcionario y servidor público, elegidos por nombramiento o por voto popular, que desvíe los recursos, debería ser ejecutado por el Estado. Que la pena capital, se extienda a los contratistas, senadores, ministros, gobernadores y alcaldes que atenten contra la administración.
Con esta utópica medida, sin duda vendrían grandes problemas de salubridad, pues se agotarían los cementerios ante la ejecución de tantos funcionarios. Pero se lograría con esto una advertencia de una sanción ejemplar para los corruptos.
La propuesta del alcalde de Pereira de dar de baja a los criminales peligrosos debería extenderse a los corruptos, que terminan siendo más peligrosos para la sociedad y para el Estado.
Implementar la pena capital como lo tienen USA, China e Irak, sería la solución para que se dejen de robar el presupuesto de la Nación.
