El presidente de la República de Colombia es jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. Debe simbolizar la unidad nacional y garantizar la Constitución y las leyes.
La Constitución no fue concebida para que alcaldes, gobernadores, senadores y servidores públicos convirtieran sus cargos en oportunidades para saquear el Estado o poner el presupuesto al servicio de intereses particulares, ni para transformarse en criminales o corruptos. Tampoco les concedió inmunidad ante la corrupción.
Mientras estas prácticas persistan, el país necesita autoridades dispuestas a exigir cuentas. El presidente, como jefe de Estado, tiene el deber de defender la institucionalidad y a los colombianos frente a quienes les hacen daño al Estado y a la sociedad.
Gobernar no es mirar hacia otro lado mientras otros se llevan la plata de todos.
Los señalamientos que rodean al alcalde de Sincelejo deberían poner a revisar sus cuentas y las de todos los demás alcaldes y gobernadores del país. No basta con contar cintas cortadas, fotos publicadas u obras anunciadas. Hay que preguntar si los contratos se ejecutaron como debían, si los precios corresponden a la realidad y si cada peso terminó donde tenía que terminar.
Hay obras que se levantan a la vista de todos, pero cuyas cuentas no cuadran. Hay sobrecostos que brillan más que la luna llena sobre las murallas de Cartagena. Y hay funcionarios que creen que inaugurar una obra basta para silenciar preguntas incómodas. ¡Pues no! Una cinta cortada no borra las dudas, una placa no reemplaza una auditoría y una rueda de prensa no explica dónde terminó el dinero.
Si bien, el jefe de Estado no puede reemplazar a los organismos de control ni dictar sentencias desde el Palacio; sí puede exigir que las instituciones cumplan su función, que las denuncias se investiguen y que ningún funcionario se crea intocable por tener padrinos políticos o una lista de obras para mostrar.
En la Patria Milagro, las cuentas deben ser claras y la autoridad no puede ser selectiva. ¡Que se investigue a quien corresponda, sin privilegios! El cargo público no es un escudo: es una obligación de responder, y si las cuentas no cuadran, que nadie pretenda tapar la luna con una obra, ¡que enfrente las consencuencias!