Es noticia por estos días en la ciudad de Cartagena la condena impuesta por el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento al resolver incidente de reparación integral promovido por las víctimas de WILFRAN QUIROZ RUIZ, condenandolo al pago por los perjuicios ocasionados, por la comisión del delito de URBANIZACIÓN ILEGAL. Quiroz Ruiz, había sido condenado desde el 25 de Julio de 2017, a la pena principal de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión y multa de 150 SMLMV.
Los hechos ocurridos en la ciudad el 27 de abril de 2017 pusieron al descubierto una serie de irregularidades en las construcciones que se realizaban en los diferentes barrios de estratos 2 y 3 donde se demolían viviendas unifamiliares para abrir paso a nuevas edificaciones.
La tragedia ocurrida cobro la vida de 21 trabajadores de la construcción, la mayoría extranjeros, necesitados, desprovistos de elementos mínimos de seguridad y protección, seres humanos que perdieron la vida por estar buscando el sustento diario de forma honesta.
Otra tragedia la viven desde entonces quienes adquirieron sus apartamentos en más de quince edificios de la ciudad construidos por los Quiroz, la mayoría fueron desalojadas de sus viviendas. Muchos de estos compradores adquirieron créditos con entidades bancarias para pagar el añorado apartamento, quedaron sin techo, pero con una deuda por los próximos veinte años de su vida. Para muchas familias una desgracia; quién iba a pensar que “comprar el apartamento de sus sueños seria su peor pesadilla”.
La justicia es lenta; cojea, pero llega. No siempre es justa, y en la mayor de las veces hay demoras injustificadas, como en este caso, que han pasado más de cinco años y solo conocemos el fallo condenatorio contra el constructor y la condena a la reparación de los perjuicios.
Es imposible aceptar que los investigadores no se hayan percatado de la existencia de otros actores tan culpables como los condenados, de los cuáles no hay noticia. Los constructores hicieron los edificios cometiendo muchos errores fatales en diseño estructural, materiales, volúmenes, pero el constructor no actúo solo; detrás de él se movía toda una organización. ¿Quién otorgaba la licencia?, ¿Facilitó alguna notaría en especial la protocolización de las escrituras? ¿Se revisaba el cumplimiento de los requisitos para la elaboración del reglamento de propiedad horizontal? En la etapa de registro, ¿Los funcionarios que calificaron los documentos y quien realizo la apertura de las matriculas inmobiliarias para cada uno de los apartamentos, que debían nacer a la vida jurídica para poder ser vendidos, no evidenciaron ninguna irregularidad en los documentos?
Cada persona que participó en los trámites legales, tiene tanta responsabilidad como la del constructor al omitir ejercer el control al procedimiento a su cargo.
La superintendencia encargada del registro de los instrumentos públicos, por una decisión administrativa, bloqueo los folios correspondientes a los apartamentos; y a la fecha, con más de cinco años del colapso del edificio, no ha salido a la luz una respuesta.
La ciudad y el país merecen conocer la verdad. Los constructores ya tuvieron sus condenas, privativa de la libertad y económica; ahora lo que necesitamos es que se impongan sanciones sobre quienes de una u otra forma, con su acción u omisión, formaban parte de la organización o le permitieron operar; incluyendo a los encargados de ejercer el control urbanístico para la fecha de ocurrencia de los hechos.
En memoria de las víctimas, los veintidós obreros de la construcción que descansan en la eternidad, y en solidaridad con los compradores y propietarios cansados de pagar sus deudas por un apartamento que compraron y no disfrutaron, pido a Dios que hechos como los de estas tragedias no vuelvan a ocurrir y que la justicia no se demore en resolver; justicia demorada no es justicia.
