La condición de ciudadano y de colombiano, implica responsabilidades. Nuestro sistema democrático es participativo y nuestros gobernantes, son elegidos por el voto popular, el pueblo es el soberano, las decisiones de los administradores deben estar encaminadas al beneficio del interés popular y no a satisfacer caprichos individuales. El pretender poner en práctica un mecanismo de participación como la revocatoria del mandato, desde 1991 en desuso y considerado letra muerta en la constitución, debe motivar al pueblo, porque con su participación en las urnas, puede ejercer la voluntad, confirmado o ratificando al alcalde elegido, si está de acuerdo con su desempeño, o demostrar el inconformismo por la forma en la que el mandatario está manejando la ciudad, el incumplimiento con su programa de gobierno o los hechos que motiven el descontento.
No debemos olvidar que el pueblo es quien decide y la soberanía está radicada en la voluntad popular, “Vox populi, vox Dei” (La voz del pueblo, es la voz de Dios).
El organizar una revocatoria de mandato es una clara oportunidad para que el gobernante a quien se le pretende revocar, reflexione sobre los hechos que despertaron el inconformismo y tome las medidas correctivas, que permitan remediar las acciones u omisiones que dieron origen a las circunstancias que motivaron la solicitud de revocatoria.
No podemos seguir desperdiciando el poder que tenemos como pueblo soberano, y que por mandado constitucional y legal nos ha sido concedido, un mal gobernante puede ser elegido, pero también le puede ser revocado su mandato, el único inconveniente para lograrlo, es que la gente ignora el poder que tiene.
