Con profundo dolor afrontamos los escándalos ocasionados por quienes juraron respetar la constitución y la ley, asumiendo la dignidad de impartir justicia, pero que hoy con sus actuaciones y providencias contrarias a derecho, hacen daño a la sagrada institución; pilar de la democracia y una de las tres ramas del poder público: La rama judicial.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del Tribunal del Atlántico por la cual fueron condenados dos jueces de la república, tras haber ordenado la libertad de un procesado, extralimitándose de sus funciones y desbordando los presupuestos necesarios para conceder el beneficio más preciado de la vida: La libertad. Por su actuar, les tocará pagar un alto precio, donde tendrán que ocupar el lugar del preso.
Todo este proceso debe considerarse un precedente judicial importante conocido y temido por todos los administradores de justicia; para que, al momento de tomar la decisión de conceder la libertad o cualquier otra decisión, lo hagan conforme a derecho y eviten incurrir en actuaciones arbitrarias. De lo contrario, tendrán que asumir su “error”, y pasarán de ser los que decidían si conceder o no la libertad a un investigado, a ser ellos, los privados de la libertad, haciendo un cambiazo de lugar con quien favorecieron. ¡Dura Lex, Sed Lex!
Que la decisión adoptada por la Suprema Corte, sea una experiencia de aprendizaje para que no se vuelva a repetir. Es lamentable ver cómo un juez, cambia su despacho judicial por un lugar en la celda que debía ocupar aquel a quien dejó arbitrariamente en libertad.
