“La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha.”
Michel de Montaigne
Como maestro de lengua castellana y literatura —y como alguien que cree en el poder del buen uso de la palabra— suelo sentir que el aula funciona como un refugio frente al ruido ensordecedor de la esfera pública. Niños y jóvenes encuentran allí un espacio distinto, donde la palabra recupera su sentido. En contraste, la vida cotidiana nos expone a una insustancialidad creciente en el uso del idioma, tanto oral como escrito. En Colombia pareciera que olvidamos algo elemental: debatir no es gritar más fuerte, sino razonar mejor.
Mientras en clase explicamos qué es un silogismo —un razonamiento deductivo donde dos proposiciones conducen a una conclusión lógica— o por qué una premisa bien formulada importa, los estudiantes se enfrentan afuera a un repertorio de vicios argumentativos que empobrecen el debate y lo envilecen. Esa realidad los aleja del respeto a las percepciones divergentes.
Basta con observar cualquier discusión en redes sociales o en la plaza pública. La argumentación, que debería construir sentido común —primer peldaño del conocimiento—, se diluye en un mundo de falacias que circulan con inquietante naturalidad. El ataque ad hominem es quizá el más visible: ya no se discuten ideas, se desacredita a las personas con infamias. No se analiza la viabilidad de una reforma o de una política pública; se cancela al interlocutor con etiquetas como “facho”, “mamerto”, “tibio”, “zurdo”, “vago” o “uribestia”, como si el insulto tuviera la capacidad mágica de invalidar un razonamiento.
Esta degradación del discurso plantea un desafío ético ineludible para quienes enseñamos no solo Lengua Castellana, sino todas las áreas del saber. El argumento de autoridad, que en el ámbito académico exige fuentes confiables y verificables, se ha transformado en un acto de fe hacia figuras carismáticas o influenciadores que proclaman verdades absolutas sin más sustento que su visibilidad digital. Ahí es donde la escuela debe intervenir y enseñar que la autoridad se construye con conocimiento y trazabilidad, no con seguidores.
Algo similar ocurre con la falacia del hombre de paja, frecuente en debates sobre paz, seguridad o justicia social. Se tergiversa la postura del otro hasta volverla una caricatura fácil de atacar, evitando así el esfuerzo de discutir causas, efectos y responsabilidades reales. Cuando hablamos, por ejemplo, del desempleo juvenil, solemos caer en generalizaciones apresuradas que simplifican un fenómeno atravesado por variables económicas, educativas y territoriales complejas.
Nuestra tarea como maestros es, en cierto sentido, artesanal. Pulimos el pensamiento para que los estudiantes aprendan a ejemplificar con hechos concretos y realidades cercanas, y no con consignas vacías. No podemos permitir que la falacia ad populum marque el rumbo de una sociedad; lo masivo o viral no es, por definición, verdadero ni justo. Enseñar a argumentar es enseñar a pensar con autonomía, a desconfiar de las falsas dicotomías que obligan a elegir entre extremos y a reconocer los matices, esos grises donde habitan la literatura y la vida.
Defender la palabra —y especialmente su adecuado empleo— como espacio de encuentro es una de las tareas más urgentes de la escuela. Que la analogía ilumine y no distorsione; que el lenguaje vuelva a ser tejido de sentido compartido. Solo así podremos formar ciudadanos que no se limiten a hablar, sino que aprendan a comunicarse con rigor, empatía y responsabilidad. Honrar la lengua es reconocer que no es solo un instrumento, sino nuestra casa común.
Defender la palabra no es tarea exclusiva del aula, sino de toda sociedad que aspire a convivir en democracia. Como recordaba Montaigne, la palabra pertenece tanto a quien la pronuncia como a quien la escucha. Recuperar esa doble pertenencia es, quizá, el primer paso para que el debate vuelva a ser un ejercicio de razón y respeto.