Desde hace varios meses se encuentra abierta al público una página denominada “Denuncias Ciudadanas Cartagena” en la que sus administradores acostumbran aportar, entre otras cosas, todo tipo de material grafico y explicito acerca de las diferentes capturas que se adelantan en la ciudad por parte de las fuerzas del orden. La iniciativa, para la mayor parte de sus seguidores constituye el único escenario posible para desahogar afugias ocasionadas por la sin salida desprendida de la inseguridad que afecta a gran parte de la ciudadanía. Sin embargo, por desconocimiento o de manera negligente sus responsables suelen caer en prácticas cuestionables aun para un periodista Amateur. Fotos de primeros planos de detenidos que incluso en flagrancia cuentan con el amparo constitucional de la presunción de inocencia, aparecen con los rótulos mas estrambóticos en los que después de un sumarísimo juicio ciudadano basado en un simple vistazo, van acompañados de toda suerte de epítetos cargados de odio, venganza y desprecio además de los consabidos y desproporcionados anhelos de pena de muerte.
Es claro que ante un aparato jurisdiccional en horas bajas la ciudadanía tiene derecho a buscar mecanismos de autoprotección y darle la difusión necesaria para lograr comunicarlo a la mayor cantidad de personas posibles, pero esto además de violatorio de los más elementales derechos humanos, nos equipara a quienes pretendemos detener. Mas allá de atenuantes y agravantes, robar mil pesos o mil millones resulta en la misma infracción a las normas penales, así mismo, cometer un delito contra los victimarios para defender a las víctimas es mirar la paja ajena con la excusa de que la nuestra es más pequeña.
Mirando más allá de los miles de seguidores de esta clara expresión de desasosiego ante el panorama social cartagenero, es menester hacer un sencillo análisis de la situación que de aquí se desprende. En primer lugar, siempre es de apreciar la existencia de cualquier medio de difusión para ventilar cosas que atañen a todos, sin embargo, presentar denuncias solo entre los mismos miembros de la ciudadanía afectada solo constituye el caso más palpable de masturbación grupal nunca antes vista en este lado del mundo, superable solo por los congresos nacionales del Polo o los del Centro Democrático. Mostrar la problemática sin dar parte a las autoridades competentes para resolverlo solo agrava el problema. No se puede partir de la idea errónea de la notificación por hecho notorio a las autoridades en estos casos para excusarse respecto del deber de la denuncia formal así sea anónima. Edward Snowden, Julian Assange, Woodward y bernstein de la mano de Deep Throat, Daniel Coronel, Norbey Quevedo, Ivan Mejia, y recientemente Andrew Jennings destapando el Fifagate, entre otros, son personajes que hicieron de la denuncia un estilo de vida que los catapultó a cotas insospechadas con resultados desiguales sin duda, pero que utilizaron los medios que tenían a su disposición para dar a conocer situaciones anómalas que se mantenían en el más oscuro de los secretos.
En segundo lugar cabe decir que aunque ejercer el periodismo investigativo y de denuncia social es una actividad peligrosa en un país como este, también es claro que esta práctica puede adelantarse a través de pseudónimos que al menos permitan identificar someramente el tipo de contenido publicado con la línea ideológica o filosófica del autor, de lo contrario se cae en la práctica recurrente de los portales sensacionalistas y de farándula en las que el rumor, el chisme y la especulación se convierten en el único argumento válido para mantener interesados a los lectores.
Por último, de ninguna manera puede confundirse el mal llamado periodismo ciudadano o el open journalism con el abuso de los derechos de los capturados, al margen del delito cometido. Publicar y luego difundir las imágenes de personas que no han sido vencidas en juicio ni declaradas culpables por ninguna autoridad del aparato jurisdiccional del Estado amparándose en el frágil anonimato que brinda internet es carecer de compromiso social al no hacer seguimiento del proceso posterior a la captura y que en gran porcentaje de casos termina con la declaratoria de inocencia o de preclusión de la investigación pero con el pesado fardo del prejuicio que se ocasiona en el imaginario colectivo que tuvo acceso a fotos o video que en principio estaban destinados a servir de prueba ante cualquier tribunal del país.
Ps: ¿Per a quan el bis a bis intercontinental Dra Colasa?
