El reciente fallo del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena sobre la APP del Corredor Portuario deja una señal importante para la ciudad. Aunque la decisión se centra principalmente en el modelo financiero del proyecto —basado en la imposición de seis peajes durante 30 años—, el mensaje de fondo es más profundo: las grandes decisiones urbanas deben también responder a la defensa del ambiente y no a fórmulas que ignoran a la ciudadanía. Me incluyo en esa ignorancia.
El juez concluyó que la estructuración del proyecto no ponderó de forma suficiente los intereses de la comunidad ni exploró alternativas menos lesivas, lo que llevó a amparar derechos colectivos como la moralidad administrativa y el patrimonio público. Pero más allá de los peajes, este fallo nos invita a reflexionar sobre algo que rara vez se pone en el centro del debate: el territorio que se iba a intervenir. Entre los impactos potenciales de un proyecto como el Corredor Portuario aparece un ecosistema que muchas veces pasa desapercibido en las discusiones públicas: el manglar de la ciénaga de Las Quintas y el caño Bazurto.
Este sistema ecológico no es un simple paisaje verde en medio de la ciudad: es infraestructura natural viva. Y seguimos recordando que el manglar regula la temperatura de los lugares donde se crecen, filtra contaminantes, amortigua inundaciones, captura carbono y sostiene biodiversidad en un entorno urbano altamente presionado. En otras palabras: el manglar protege a Cartagena incluso cuando Cartagena no lo protege a él.
Por eso preocupa que, en los últimos años, las decisiones urbanas del gobierno Turbay hayan reducido el número de metros cuadrados de manglar en la ciudad: los manglares de la laguna de San Lázaro suman a lo ya intervenido, en meses anteriores. Cada intervención, cada relleno, cada vía mal pensada, va empujando a estos ecosistemas hacia su desaparición silenciosa.
Ahora imaginemos por un momento el escenario que pudo haber sido: una vía de alto tráfico atravesando este sector. Los barrios del Pie de la Popa y Manga, hoy rodeados de un paisaje todavía influenciado por cuerpos de agua y vegetación, verían transformado su entorno de manera radical.
Las preguntas que quedan en el aire son inevitables: ¿Están realmente preparados los vecinos para: 1) soportar un cambio tan drástico del paisaje, 2) convivir con más calor urbano, producto de la pérdida de vegetación y de superficies naturales, y 3) enfrentar mayores niveles de contaminación vehicular, ruido y contaminación lumínica?
En ciudades de la zona ecuatorial como Cartagena, el manglar es también un sistema de climatización natural. Eliminarlo o fragmentarlo no solo afecta a la naturaleza: afecta directamente la calidad de vida de las personas. El juez no falló pensando en el manglar: falló pensando en los peajes. Pero el efecto indirecto de esta decisión es claro: detener proyectos que ignoren públicamente lo clave en la vida, también significa evitar impactos ambientales irreversibles que no suelen resolverse solamente con compensaciones de ley. En ese sentido, el fallo puede leerse como un espaldarazo —aunque no haya sido su intención explícita— a la defensa de los ecosistemas urbanos.
Aquí aparece una discusión que Cartagena aún no ha dado con la seriedad que merece: en Colombia ya existen precedentes de ecosistemas reconocidos como sujetos de derechos, como ríos o territorios naturales protegidos. Sin embargo, los manglares urbanos siguen estando en una zona gris jurídica, a pesar de su enorme valor ecológico.
Tal vez ha llegado el momento de preguntarnos: ¿no debería el manglar urbano de Cartagena ser reconocido formalmente como sujeto de derechos? No como un gesto simbólico, sino como un instrumento jurídico real que obligue al Estado a protegerlo, restaurarlo y manejarlo con criterios ecológicos y científicos. Porque mientras no exista ese reconocimiento, los manglares urbanos seguirán siendo vistos como espacios disponibles para el próximo proyecto inmobiliario o vial.
Si algo deja este episodio es una serie de lecciones que la ciudad necesita desaprender con urgencia:
- Creer que el desarrollo urbano siempre significa más vías, más cemento.
- Pensar que la naturaleza urbana es un obstáculo y no un aliado.
- Diseñar proyectos sin participación ciudadana real.
- Ignorar el valor climático y ecológico de los manglares.
- Reducir el debate urbano a cálculos financieros, dejando por fuera la vida del territorio.
Cartagena necesita empezar a construir una nueva cultura urbana. Una donde el progreso no signifique destruir lo poco natural que nos queda. Una donde los ecosistemas urbanos sean reconocidos como aliados estratégicos para enfrentar el cambio climático. Y una donde, finalmente, entendamos algo fundamental: defender el manglar también es defender la ciudad.