El cerro de La Popa no se está muriendo en silencio: lo están empujando al abismo a plena luz del día. Cada nueva intervención es un recordatorio de que la ilegalidad avanza cuando el poder mira para otro lado. No se trata de un problema heredado ni abstracto, sino de una crisis vigente y activa desde hace muchos años. Cartagena ve cómo su principal reserva urbana se fragmenta entre cemento, invasiones y omisiones oficiales. Y hoy la responsabilidad política tiene nombre propio.
La Procuraduría ya tuvo que levantar la voz, otra vez, frente al Distrito. Mediante un oficio formal, recordó la sentencia del Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena de 2017. Esa decisión ordenó proteger el cerro de La Popa y reubicar a las comunidades asentadas en el ecosistema. Nueve años después, el mandato judicial sigue archivado en la indiferencia institucional. Cuando la ley se desacata desde el gobierno local, el daño ambiental se convierte en política pública.
Bajo la actual administración de Dumek Turbay, el cerro no ha sido protegido: ha sido expuesto. Las invasiones no disminuyen, se multiplican. La falta de control territorial y de acciones reales de reubicación alimenta el negocio ilegal del suelo. El mensaje es claro para los oportunistas: el cerro está disponible. Y cuando un ecosistema se percibe como tierra de nadie, termina siendo botín de todos.
La nueva vía entre Loma Fresca y el convento es el ejemplo más reciente y más grave. Presentada como progreso, en la práctica facilita el acceso a quienes ven el cerro como un negocio ilegal. Cada metro de asfalto reduce la barrera natural que protegía la reserva. Reserva que, según parece, aún no cuenta con su polígono oficial de protección. No es una carretera neutra: es un atajo para la especulación y la ocupación indebida. Abrir caminos sin control en reservas de protección es invitar al despojo ambiental, pero pavimentarlos o asfaltarlos sin tener en cuenta el POT es cambiar irresponsablemente el uso del suelo.
La Popa no necesita más comunicados: necesita decisiones. Cumplir la sentencia judicial no es opcional, es una obligación legal y ética. Reubicar comunidades con dignidad es parte de la solución, no una excusa para seguir aplazando. Delimitar (¿nuevamente?) su área de protección, es Ley. Reforestarlo, con un plan de manejo que proceda de su reconocimiento - una vez más - como zona de reserva natural, es cuidarlo. Si el Distrito no actúa, será recordado como cómplice del deterioro del cerro. Y Cartagena tendrá que cargar con la vergüenza de haber dejado caer su símbolo natural más visible.
Nota: a la cobertura arbórea de loma del Marión, o lo que originalmente queda de ella, también le sucede lo mismo.
Fotos: El Universal, El Heraldo (2026).
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Maestrante en Educación
Especialista en Educación Ambiental, y en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo
Psicólogo Social