El título de esta columna no es una provocación gratuita, sino una escena cotidiana que revela hasta qué punto la política ha fracturado nuestras relaciones. Un buen amigo, identificado abiertamente con la derecha, llamó hoy por teléfono a un tío muy cercano, de ideas de izquierda. Al ver el número en el identificador, mi tío no respondió y soltó una frase alegre, casi defensiva: “Estoy en Venezuela, ¡no me llamen!”. No estaba allí físicamente: estaba atrapado en una conversación imposible, así como diálogos que suelen ser desplazados por aquellos audios de WhatsApp que nadie termina de escuchar y cuyas discusiones siempre empiezan antes del “hola”. Esa anécdota resume el clima que rodea hoy a la democracia en nuestra región.
La democracia no es una palabra cómoda ni un ritual celebrado cuatro años; es una práctica diaria que exige instituciones firmes y ciudadanía activa. En América Latina la conocemos frágil, disputada, pero también profundamente necesaria. Sin democracia no hay control del poder, ni garantías para disentir, ni caminos reales para el desarrollo. Defenderla implica asumir costos hoy para no pagar tragedias mucho más altas mañana.
Lo que ocurre en Venezuela nos recuerda que cuando se debilitan las reglas, se apaga la voz del pueblo y se normaliza la exclusión. No es un problema ajeno ni lejano: erosiona a toda la región y hiere la dignidad humana. La salida no es la intervención armada, ni la indiferencia, ni el cinismo cómodo, sino el respeto al voto, a la separación de poderes y a los derechos fundamentales. La democracia no se negocia: se restaura y se protege.
La soberanía, entendida como derecho social, nace del pueblo y se ejerce con responsabilidad. No puede invocarse para encubrir abusos ni para blindar a quienes concentran el poder sin rendir cuentas. La soberanía auténtica garantiza libertades, justicia y bienestar, y se fortalece con cooperación regional e internacional. Un país soberano es aquel que cuida a su gente y respeta sus decisiones, sin atropellos ni imposiciones.
Defender la democracia también implica cuidar la casa común. La conservación de los recursos naturales y la transición hacia energías limpias no son consignas de moda, sino decisiones sensatas frente al cambio climático. Sin agua, sin biodiversidad y sin aire limpio no hay ciudadanía sana ni futuro posible. Gobernar bien es planear con ciencia, invertir con ética y proteger con la ley.
Esta columna defiende a los buenos ciudadanos que trabajan, estudian y emprenden sin hacer el mal. A quienes cumplen la norma, exigen transparencia y no renuncian a la esperanza, incluso para quienes encauzaron su camino después de vivencias difíciles por acción o decisión. La democracia avanza cuando la decencia se organiza y participa. No es poesía ni retórica elegante: es acción cívica, vigilancia social y compromiso cotidiano.
Que este mensaje quede firme: la democracia se sostiene con acciones concretas, no con discursos vacíos; la soberanía se ejerce para proteger a la gente, no para justificar atropellos o aventuras militares ajenas; y la naturaleza se defiende con decisiones responsables y una transición real hacia energías limpias. Que la ciudadanía honesta no se rinda ni se aísle. Involucrarse, exigir cuentas y trabajar juntos sigue siendo la vía más justa para avanzar sin dañar y asegurar un mañana digno para todos.
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Maestrante en Educación
Especialista en Educación Ambiental, y en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo
Psicólogo Social