¿Quién tiene 78 millones?



Si el primero de octubre ningún ciudadano ha presentado oficialmente las 50 mil firmas mínimas que necesita para avalar su candidatura a la Gobernación de Bolívar, se debe dar por expuesta la estrategia de dilación desplegada en contra de las  elecciones de este 24 de octubre.
La lógica indicaría que por la situación atípica causada primero por la suspensión y posterior renuncia del gobernador Joaco Berrío desde el pasado 14 de mayo, el mes de junio, en plena segunda vuelta presidencial, habría sido oportuno para celebrar la elección del sucesor. ¿Por qué hasta ahora se resuelve la situación?
Haciendo cálculos en temáticas electorales, el nuevo Gobernador de Bolívar tendría su credencial el primero de noviembre, si todo sale como lo prevé la Registraduría que pese a circunstancias presupuestales propias, y de los municipios del departamento, cuenta con planes de contingencia para trasladar puestos de votación a las cabeceras municipales en caso de inundaciones.
Sólo 14 meses  restarían para gobernar un departamento que desde el mandato de Luis Daniel Vargas ha sido interrumpido en su gestión política por suspensiones, demandas, o escándalos propiciados por acción u omisión de los mismos mandatarios electos.
Otra pregunta. ¿Qué plan de gobierno se ejecuta en 14 meses, y qué y con quién se contrata en seis meses la respectiva ejecución presupuestal? 
La premura de las contrataciones será infinita, pues en junio de 2011 ya se deben cerrar cuentas y convocar ley de garantías en vísperas de las próximas elecciones,  éstas sí para un periodo de cuatro años.
Pero en virtud de las dilaciones que se han presentado en el proceso, cuando primero se convocaron las elecciones para el 5 de septiembre, luego para el 24 de octubre y ahora el fallo favorable de una acción de tutela determinó reabrir el proceso de inscripción para los candidatos avalados por firmas, la pregunta ahora es qué viene.
Seguramente a algún ciudadano se le ocurrirá interponer otra acción de tutela porque el periodo de inscripción de candidatos avalados por firma fue muy corto. Sí, lo es. Pero se entiende que cuando existen motivaciones políticas reales para aspirar  a un cargo y se cuenta con gente que lo respalde (al menos 50 mil firmas de un millón 300 mil del censo electoral de Bolívar), se debe estar preparado para ello, y sobre todo tener los 150 salarios mínimos legales vigentes, algo así cómo $78 millones como póliza (la misma que aportan los partidos) que respalden la seriedad de la aspiración.
El primero de octubre sabremos quién tiene $78 millones, las 50 mil firmas y el programa de gobierno que competirá con los representantes a la Gobernación por el Partido de La U, Polo Democrático, Cambio Radical y PIN.
Aunque el tiempo de socialización y difusión de los programas que se inscriban hasta esta fecha también será corto, no se distancia de las escasas propuestas presentadas y divulgadas por los actuales aspirantes a la Gobernación.
Tiene algo de lógica, sólo serán 14 meses, o menos. El tiempo justo para abonar el terreno político del sucesor. A estas alturas del partido, muchos nos preguntamos por qué simplemente no se ahorran recursos y esfuerzos y se nombra a otro Gobernador ad hoc, o se le extiende el plazo a Jorge Mendoza Diago. El problema (si es que se le puede llamar así) es que la Constitución es la Constitución, y en su última reforma política dejó claro cómo se suplían las vacancias. Sólo los votantes pueden reemplazar con legitimidad el reemplazo de Joaco Berrío. 

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