Como ciudadano mantengo mi apoyo a Fajardo, pero como constituyente del 91 rechazo tanto la asamblea constituyente promovida desde el gobierno de Petro como el referendo defensivo impulsado desde la campaña de Fajardo.
Toda Constitución organiza el poder del Estado, reconoce derechos, fija competencias y distribuye frenos, contrapesos y procedimiento, que la convierten en una carta política, sujeta inevitablemente al debate público; lo cual no significa que se la pueda transformar en una carta de batalla electoral, al estilo de tantas constituciones colombianas de nuestra historia descritas por Hernando Valencia Villa, que fueron puestas al servicio de las facciones triunfantes tras las guerras civiles.
La Constitución de 1991 se apartó de esa tradición. Su mayor mérito histórico fue, precisamente, establecer reglas comunes y acordadas por encima de la lógica de la victoria facciosa. Sin embargo, en contravía de ese espíritu se ha venido impulsando una asamblea constituyente desde el gobierno de Petro, amparada en el argumento de la existencia de un bloqueo institucional. Y desde la otra orilla, la campaña de Fajardo ha inscrito ante la Registraduría Nacional un comité promotor de un referendo que busca cerrar durante ocho años esa posibilidad.
La constituyente impulsada por el presidente Petro no parece responder a un verdadero bloqueo de las vías de reforma constitucional, sino más bien a su dificultad de construir consensos y gobernar respetando la separación de poderes. A su vez, el referendo promovido desde la campaña de Fajardo, aunque nace de una preocupación legítima por la estabilidad del país, entra en una lógica semejante, la de constitucionalizar la contienda electoral. Uno y otro convierten la reforma de la Carta en recurso de campaña. Y de esa forma la Constitución, corre el riesgo de degradarse en carta de batalla electoral.
Desde la perspectiva del constitucionalismo comparado, no hay objeción a que la Constitución entre enla discusión política ni a que las campañas propongan reformas. Lo que sí despierta reservas es la electoralización de una reforma constitucional. La Comisión para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, ha insistido en que las reformas de fondo deben tramitarse por cauces formales, con deliberación amplia, tiempo suficiente y disposición de acuerdo.
Conviene recordar algo elemental. La Constitución de 1991 prevé mecanismos de reforma preestablecidos y, según el mecanismo, estos pasan tanto por decisiones del Congreso, como por el control de la Corte Constitucional, por lo que no existe una ruta jurídicamente válida para sustituir la Carta por fuera de la misma Constitución. Prescindir de ese marco ya no sería reforma constitucional, sino ruptura del orden institucional. Existe, desde luego, una vieja discusión sobre el poder constituyente originario en situaciones extremas de colapso institucional o crisis de legitimidad, pero ese no es hoy el escenario colombiano.
Asimismo, la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que el poder de reforma es derivado y limitado de suerte que en el caso de una asamblea constituyente, la eventual competencia para expedir una nueva Constitución no puede presumirse ni surgir de una autoproclamación de soberanía, ya que debe quedar delimitada en la convocatoria aprobada por la respectiva ley (artículo 376 de la CP) que exige al Congreso definir su competencia, su período y su composición.
En ese contexto, el alegato de bloqueo institucional del presidente Petro tiene utilidad retórica para movilizar apoyos y dramatizar su conflicto con el Congreso y con las cortes, cuando en realidad indica una dificultad para gobernar sin mayorías estables y un conflicto agudo entre poderes. En el fondo, esa argumentación deja ver una incomodidad frente a la división de poderes y frente a la existencia de fuerzas de oposición, que son garantías esenciales de la democracia. Por su parte, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, le ha bajado prioridad a la constituyente, sin abandonar del todo el lenguaje del poder constituyente y de la movilización popular como instrumento de presión política.
Hoy no existe en Colombia un momento constituyente consolidado. Solo si el país llegara a una crisis de legitimidad realmente profunda, respaldada por una voluntad popular amplia, transversal y sostenida, podría hablarse seriamente de otra cosa. Y aun en ese escenario, el reto democrático no sería convertir la Constitución en consigna electoral, sino encauzar institucionalmente la salida a la crisis.
Por eso, responder a esa narrativa con un referendo defensivo no me parece acertado. Entiendo su lógica política. Busca ofrecer tranquilidad institucional, presentarse como dique frente a la incertidumbre constitucional y recoger, desde el centro, una preocupación legítima de amplios sectores del país. Todo eso es comprensible. Lo que no comparto es la forma, porque cerrar durante ocho años la posibilidad de una constituyente, en medio de una campaña presidencial, también instrumentaliza el debate constitucional y lo convierte en bandera electoral.
Por supuesto que el debate constitucional puede y debe ser asunto de deliberación ciudadana, no de consigna electoral. Existen razones serias para discutir reformas a la Constitución del 91 en materias como justicia, sistema político y electoral, ordenamiento territorial o diseño de las altas cortes. Pero, precisamente porque se trata de la carta política del Estado, esas discusiones exigen consensos amplios, debate público suficiente y una capacidad institucional para tramitar las diferencias y producir mejores soluciones.
Por el respeto que le tengo a Sergio Fajardo, expongo este desacuerdo a la par que respaldo su aspiración presidencial, que representa una alternativa que defiende las instituciones democráticas y que busca fortalecer las capacidades, las oportunidades y las libertades de un pueblo golpeado por la pobreza y la marginalidad. En pocas palabras: como ciudadano mantengo mi apoyo a Fajardo, pero como constituyente del 91 rechazo tanto la asamblea constituyente promovida desde el gobierno de Petro como el referendo defensivo impulsado desde la campaña de Fajardo.