La corrupción en salud: de la opacidad del gasto al control en tiempo real
La corrupción en salud: de la opacidad del gasto al control en tiempo real[i]
La trazabilidad digital y la prudencia regulatoria reducen opacidad del gasto y riesgo de corrupción.
Eduardo Espinosa Faciolince[ii]
Introducción
En el debate polarizado sobre la salud en Colombia, la corrupción se invoca con frecuencia para justificar la necesidad de reformar el sistema, sin darle la prioridad que merece por su impacto negativo sobre este, tal como señalan la ONU, la OMS y la OCDE, especialmente en sistemas altamente fragmentados y con asimetrías de información, que presentan mayores riesgos de ineficiencia, sobrecostos y captura institucional, como ocurre en el país.[1]
En ese contexto, la discusión anticorrupción en el sector salud requiere un enfoque sistémico que supere lo coyuntural, analice causas estructurales y use la normativa vigente (independientemente, por ahora, de reformas legales), y desarrolle la infraestructura de información, para reducir la opacidad en el flujo de recursos. Ello habilita líneas de acción que integren prevención, detección y sanción, junto con la recuperación de recursos desviados.[2]
La incidencia de la corrupción suele ser alta por el volumen de recursos que moviliza y por la interacción de factores que se refuerzan entre sí, como las asimetrías de información, la fragmentación institucional y financiera y esquemas de incentivos que con frecuencia se tornan perversos. A esto se suma un marco operativo predominantemente ex post caracterizado por controles tardíos, debilitando tanto la detección oportuna como el efecto disuasorio de las sanciones.
La evidencia comparada sugiere que, tanto en competencia regulada (Ley 100 de 1993) como en aseguramiento social con agente estatal (Proyecto de Ley 410 de 2025 -Senado- acumulado con el Proyecto de Ley 312 de 2024 -Cámara-), el desempeño mejora cuando convergen condiciones habilitantes como datos abiertos, auditoría basada en riesgo con validaciones previas y concurrentes, y sanción oportuna, en el marco de una gobernanza prudencial que exija solvencia, reservas técnicas, pruebas de estrés y medidas tempranas.[3]
Sistemas de información como herramienta contra la corrupción en salud
La lucha contra la corrupción en salud no se libra únicamente en los estrados judiciales. También se define en la manera como se organiza, registra y hace visible la información sobre el flujo de los recursos. En el modelo instaurado por la Ley 100 de 1993, la corrupción adquirió rasgos sistémicos, más allá de la suma de actos individuales, como resultado de un sistema que ha permitido, reproducido y legitimado prácticas desviadas en su funcionamiento ordinario. Recordemos que pasó una década sin una reglamentación integral que estandarizara la trazabilidad del gasto y el reporte obligatorio de contratos, facturas y pagos, y que cuando esta llegó, el énfasis fue predominantemente estadístico y retrospectivo, no transaccional ni preventivo. Aún carecemos de una supervisión prudencial especializada en el sector salud equiparable a la del sector financiero , entendida como el conjunto de reglas y vigilancias que, de forma técnica y continua, evalúan solvencia y suficiencia patrimonial, exigen reservas y límites de exposición, aplican pruebas de estrés y activan medidas correctivas tempranas para prevenir la insolvencia y proteger los recursos antes de que el daño ocurra. Mientras ese esquema no exista y opere con rigor, la supervisión seguirá persiguiendo efectos en lugar de evitar causas. En los procesos de intervención y liquidación de varias EPS se ha observado, además, que los pasivos con hospitales, clínicas y proveedores con frecuencia quedan sin cobertura efectiva, porque la entidad actuó más como administradora de flujo que como aseguradora en sentido prudencial. La ausencia de exigencias plenas de solvencia y reservas técnicas, en muchos casos trasladó de facto el riesgo financiero a la red prestadora y al financiador público, sin una asunción patrimonial equivalente por parte de la EPS antes de su salida.
En ese mismo contexto, la opacidad se volvió un rasgo estructural y los sistemas de información surgen como antídoto institucional y ético al convertir el dato en un acto de responsabilidad pública. Su función también es preventiva al permitir que cada contrato, servicio, factura y pago sea trazado y verificado en tiempo casi real, lo que aumenta la probabilidad de detección y se disuade la desviación. En un Estado como el Colombiano, históricamente propenso a confundir lo público con lo privado, la trazabilidad digital permite hacer visible el circuito contrato–servicio–factura–pago y convierte la vigilancia en práctica cotidiana, no reactiva, lo que facilita seguirle el rastro al gasto dentro del sistema.
Del SISPRO al SIIFA
Desde 2008 opera el Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) como plataforma maestra que recoge y organiza información clínica y administrativa del sector salud y de la protección social para orientar la política pública. Este sistema articula bases como los RIPS (atención a cada paciente), el RUAF (afiliación y eventos vitales), el RETHUS (identificación del talento humano en salud) y MIPRES (prescripción y control de tecnologías no incluidas en el plan de beneficios). La lógica de SISPRO es predominantemente retrospectiva; sirve para evaluar y planear más que para actuar en tiempo real.
A esta arquitectura se suma el Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial (SIIFA), creado por el Decreto 228 de 2025 y reglamentado por la Resolución 1962 del mismo año. El SIIFA es una plataforma transaccional diseñada para conectar y validar información en el momento en que ocurre. Integra datos de RIPS, RUAF, RETHUS y MIPRES con la Factura Electrónica de Venta (FEV) y su CUFE -validados por la DIAN- y los articula con los registros de pagos, anticipos y amortizaciones administrados por la ADRES. Con ello se busca coherencia entre lo clínico, lo contractual y lo financiero, y el bloqueo de inconsistencias y seguimiento continuo desde la celebración del contrato hasta la emisión de la factura y su pago efectivo. A octubre de 2025, el micrositio público del SIIFA no está operativo y el sistema se encuentra en despliegue y pruebas internas.
Arquitectura SIIFA y cronograma 2025–2026
La arquitectura del SIIFA se despliega por fases que conviene seguir de cerca.
Código Único de Contrato (CUCON). Registro estandarizado de contratos. Estaba previsto para julio de 2025. A la fecha, algunas EPS y otros pagadores realizan pruebas de carga y estandarización de metadatos contractuales, condición básica para vincular la ejecución financiera con las obligaciones pactadas.
Integración FEV–RIPS. La obligación plena para que EPS, IPS y demás pagadores registren y validen transacciones con cruce FEV–RIPS rige a partir de 2026. El año 2025 es de preparación, con pilotos, ajuste de catálogos y pruebas de sistemas.
Seguimiento a pagos en ADRES. El giro directo ya incorpora cruces de consistencia. Falta la publicación del rastro de pago enlazado a contrato y factura dentro del SIIFA. Este desarrollo corresponde a una segunda fase.
En síntesis, 2025–2026 es un bienio crítico que exige acompañamiento técnico a los actores y mecanismos efectivos de seguimiento y control de plazos, lo que requiere coordinación interinstitucional con responsabilidades y fechas definidas entre MinSalud, ADRES, DIAN, MinTIC, Supersalud y órganos de control.
Brechas por cerrar
Hoy se cuenta con FEV y CUFE integrables al SIIFA, con los flujos SISPRO (RIPS, RUAF, RETHUS y MIPRES) y con los giros administrados por la ADRES. Persisten, sin embargo, cuatro brechas para consolidar el circuito contrato–factura–pago y asegurar que cada desembolso público o parafiscal quede plenamente trazado, validado e interoperable desde el compromiso contractual hasta el pago efectivo:
1) Lenguaje común: falta un vocabulario semántico unificado que permita comparar catálogos clínicos, tarifarios y contractuales.
2) Rastro de pago público integrado: ADRES publica pagos (Lupa al Giro y boletines), pero no existe aún publicación sistemática y unificada del encadenamiento CUCON–FEV/CUFE–RIPS–pago en el SIIFA para consulta ciudadana.
3) Pagadores aún no integrados plenamente: ARL, SOAT, regímenes especiales y planes voluntarios deben incorporarse al SIIFA conforme a la implementación gradual prevista.
4) Tableros pedagógicos: faltan paneles públicos sencillos y comparables por prestador y territorio.
En cuanto a la gobernanza, los roles están definidos de la siguiente manera. El Ministerio de Salud ejerce la rectoría técnica; la DIAN valida la factura electrónica; la ADRES administra y publica giros; los pagadores reportan contratos e información; y MinTIC aporta la infraestructura de interoperabilidad y servicios ciudadanos digitales. La Resolución 1962 instituye un Comité Técnico del SIIFA (con Supersalud y ADRES como invitados permanentes) y regula manuales, soporte, seguridad y continuidad. Se requiere fortalecer la coordinación con los órganos de control, así como establecer un régimen de cumplimiento e incentivos aplicable a los actores obligados a reportar.
Actualmente ADRES publica pagos vía Lupa al Giro y debe, además, disponer en SIIFA el detalle de cada giro vinculado a la FEV en 5 días hábiles, conforme a la resolución 1962; falta reglamentar la publicación analítica abierta y las reglas antifraude con bloqueos preventivos para consolidar al SIIFA como plataforma nacional de integridad.
En protección de datos, la Ley 1581 de 2012 garantiza que la información que circule por el SIIFA cumpla principios de finalidad, veracidad, transparencia y seguridad. El Decreto 441 de 2022 establece salvaguardas y permite la anonimización con fines estadísticos o científicos, coherente con los tableros analíticos previstos. Los incentivos a la calidad contemplados en esta normativa pueden incorporarse al régimen de cumplimiento del SIIFA para que la obligación de reportar se materialice en calidad del dato verificable.
El cierre de esta brecha puede medirse por porcentajes de contratos con CUCON, proporción de facturas FEV-RIPS validadas antes del giro y publicación regular del rastro del pago.
Áreas de atención especial
Medicamentos y tecnologías. Existen herramientas de transparencia como SISMED, el Termómetro de Precios y los compromisos de gobierno abierto que articulan SISPRO con el INVIMA. Operan de forma fragmentada y aún no se integran al SIIFA. Esta desconexión genera un vacío de trazabilidad que se corrige al incorporar el circuito completo contrato–factura–pago en el suministro farmacéutico, con el fin de reducir riesgos de colusión, sobrecostos y priorización discrecional, especialmente frente a las deudas de las EPS con los proveedores. Como acciones concretas sugerimos: registrar interoperablemente volúmenes y precios efectivamente pagados con validación FEV/CUFE y soporte DIAN, contratos y giros; auditar de manera temprana convenios de riesgo compartido y publicar resultados; interoperar con INVIMA para verificar registros y autorizaciones; habilitar tableros públicos de precios pagados para control ciudadano, Supersalud y órganos de control; e incorporar indicadores de calidad y oportunidad que vinculen incentivos a resultados.
Participación social. Ningún sistema de información alcanza legitimidad si prescinde de usuarios, organizaciones comunitarias, gremiales, sindicales y académicas. La apertura de tableros para veedurías, la participación de universidades como evaluadores independientes, el fortalecimiento de códigos de ética, la formación en integridad y los canales de denuncia con protección efectiva convierten el dato en bien público y hacen verificables las decisiones. No basta proclamar transparencia; debe sostenerse con reglas de acceso, metodologías de verificación y garantías para quien observa y reporta. La integridad se construye socialmente. En esa construcción, un esquema de vigilancia y control razonable y articulador puede propiciar la visibilidad que falta con reglas claras, verificación y protección al denunciante.
Experiencias piloto y disuasión
Se abre la posibilidad de ensayar experiencias piloto en algunos territorios, concebidas como espacios de aprendizaje colectivo. Allí se fortalecería la coordinación interinstitucional y se haría seguimiento proactivo a los actores responsables de alimentar información —IPS, EPS y entidades territoriales—, convocando a comunidades y academia alrededor de la transparencia. No se trata, de anticipar sanciones, sino de estimular avances graduales, con certeza de que la potestad sancionatoria permanece como elemento disuasorio frente a incumplimientos repetidos. Los pilotos se convierten en el paso natural para consolidar lo avanzado en lo normativo y técnico, fortalecer la confianza ciudadana y corregir desajustes a tiempo.