ORDENAR LA SALUD, ABRIR OPORTUNIDADES CON LA EDUCACIÓN Y LLEVAR ESTADO A LOS TERRITORIOS
En medio de las circunstancias que atraviesa Colombia, un candidato presidencial debe ofrecer una ruta de esperanza más que un repertorio de golpes sensacionalistas. En el caso de Sergio Fajardo, su programa no pretende resolverlo todo al mismo tiempo. Propone, más bien, una secuencia de gobierno: recuperar la capacidad estatal en medio de la crisis, abrir oportunidades reales para el ciudadano y traducir esa recuperación en dignidad social. Por eso, sin pretender resumir un programa que es temáticamente muy amplio, quiero detenerme en cinco aspectos que considero relevantes para la región Caribe: salud, educación, presencia integral del Estado en los territorios, energía y lucha contra la corrupción.
Empecemos con la salud. El programa no plantea una ruptura improvisada ni una defensa acrítica del sistema actual. Propone, en cambio, una reforma estructural financiera e institucional orientada a garantizar sostenibilidad, transparencia y decisiones basadas en evidencia. Desde esa perspectiva, propone iniciar, en los primeros cien días, un Plan de Recuperación del Sistema, con un Puesto de Mando Presidencial, auditorías a las EPS intervenidas y medidas urgentes para remover las barreras de acceso que hoy bloquean medicamentos, citas especializadas y servicios críticos. Al mismo tiempo, busca fortalecer lo que funciona y corregir lo que ha fallado, mediante un sistema centrado en las personas, la sostenibilidad y la transparencia.
La idea de fondo es ordenar y estabilizar el sistema: garantizar liquidez, cerrar brechas territoriales, combatir barreras de acceso, fortalecer la Atención Primaria en Salud con enfoque territorial, impulsar la medicina familiar y comunitaria, dignificar el talento humano y modernizar la gestión con salud digital y mejores sistemas de información. En un país fatigado por la incertidumbre en materia de atención, esa propuesta tiene la virtud de devolver la confianza en el sistema.
Fajardo incluye, además, una dimensión esencial de la salud: la salud mental. En Colombia, y de manera particular entre los jóvenes, la ansiedad, la incertidumbre y la frustración se han vuelto experiencias cada vez más extendidas. Que este asunto aparezca asumido con seriedad en un programa de gobierno es importante, porque reconoce que el bienestar emocional no es un lujo ni un asunto marginal, sino una necesidad social que debe traducirse en política pública.
En materia de lucha contra la corrupción en salud, el programa plantea auditorías independientes a las EPS, incluidas las de tipo forense, el fortalecimiento de la Superintendencia y un nuevo acuerdo de punto final con reglas claras para reconocer y pagar únicamente deudas legítimas. Además, propone modernizar MIPRES, sistema de prescripción de servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC, y adoptar plataformas digitales para mejorar la trazabilidad del gasto, reducir trámites y contribuir a una atención más oportuna. Estas medidas sectoriales se inscriben en una estrategia más amplia de transparencia, trazabilidad de los recursos y datos abiertos.
De esa orientación general se desprende también la importancia del control ciudadano sobre el uso del dinero público y del apoyo de herramientas analíticas más avanzadas. En ese marco, la inteligencia artificial puede entenderse como un instrumento útil para detectar de manera temprana patrones anómalos de gasto, cruces sospechosos entre pagos y contratos, demoras injustificadas, sobrecostos, duplicidades y riesgos de corrupción. No reemplaza la decisión humana ni el control institucional, pero sí puede fortalecer la vigilancia, el análisis y la alerta dentro de un sistema más transparente y digitalizado. En una perspectiva más amplia, el programa contempla un Estado digital y promueve el uso responsable de los datos y de la inteligencia artificial, al tiempo que vincula la salud con la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se advierte, entonces, una aproximación seria, sin improvisaciones, orientada a ordenar la salud, recuperar la confianza y llevar capacidad resolutiva a los territorios, algo indispensable en medio de una coyuntura fiscal estrecha y de un sistema agotado por la desorganización.
En cuanto a la educación, el programa la define como la mejor respuesta a los peores problemas, al entenderla como camino hacia una sociedad próspera, justa y en paz. No la concibe solo como cobertura, sino como eje de movilidad social, desarrollo productivo, construcción de ciudadanía y preparación para un mundo cada vez más basado en el conocimiento, la tecnología y la innovación. Insiste en trayectorias educativas completas, articuladas entre la educación media, la formación técnica y tecnológica, la universidad y el mundo del trabajo. Asimismo, propone que las instituciones educativas se consoliden como comunidades de aprendizaje y bienestar, con salud mental, convivencia democrática e inclusión.
Esa concepción tiene un significado especial para Cartagena, Bolívar y la región Caribe, donde muchos jóvenes sienten que estudiar ya no recompensa suficientemente el esfuerzo personal ni garantiza avanzar. De allí nacen el desencanto, la informalidad, el rebusque sin horizonte y, en las zonas más vulnerables, la atracción hacia economías ilegales. Por eso resulta pertinente insistir en una educación útil, conectada con un proyecto de desarrollo regional y sostenida sobre pilares concretos como talento, creatividad, conocimiento, empleo de calidad y desarrollo territorial.
El programa refuerza, además, la necesidad de conectar la educación con oportunidades efectivas para la vida productiva. Eso significa trayectorias más flexibles, mejor articulación entre formación y trabajo, impulso a capacidades científicas y tecnológicas, y una apuesta más decidida por el talento joven. En una región que necesita retener capacidades y abrir horizontes de ascenso social, esa visión educativa tiene un valor que trasciende el aula.
En los territorios afectados por el conflicto armado, el programa propone planes de desarrollo integral de seguridad y bienestar que trascienden el simple control armado. La apuesta consiste en recuperar esos territorios mediante una presencia integral del Estado, con justicia, infraestructura, servicios públicos, salud, educación, comunicaciones, emprendimientos locales y participación comunitaria, un enfoque especialmente pertinente para el Sur de Bolívar y los Montes de María. El objetivo es que la legalidad resulte más útil que la violencia y que la salud, la educación y el desarrollo territorial no operen como complementos sociales marginales de la seguridad, sino como fundamentos de una seguridad duradera.
Para el Caribe, donde la factura eléctrica golpea con dureza el bolsillo de los hogares, el programa entiende la energía como un factor decisivo de desarrollo territorial, productivo y social. Habla de una transición energética responsable y propone un plan integral para mejorar la calidad del servicio eléctrico, reemplazar Air-e por un operador solvente, mantener a Afinia con acompañamiento técnico y financiero, normalizar redes, reducir pérdidas y disminuir de manera significativa tanto el tiempo sin energía como las interrupciones. En una región cansada de pagar caro por un mal servicio, ese compromiso toca una realidad concreta de la vida cotidiana.
Asimismo, en un país donde la corrupción ha degradado tanto la confianza como la capacidad del Estado, el programa insiste en que la transparencia en el manejo del dinero público debe apoyarse en trazabilidad, datos abiertos, integración de plataformas de gasto y contratación, y control ciudadano sobre el uso de los recursos. Combatir la corrupción no es solo un asunto moral. Es también una condición de eficacia y eficiencia institucional, de transparencia real y de respeto por los ciudadanos. Exige, además, sanciones fuertes y de verdadero efecto disuasivo contra los corruptos.
Colombia, con dificultades crecientes de deuda y déficit, no puede gobernarse a punta de promesas sin método. Requiere priorizar, secuenciar y ejecutar mejor. Allí radica una de las mayores fortalezas del programa de Fajardo: propone una ruta que combina responsabilidad fiscal con agenda social, en vez de presentarlas como si fueran incompatibles. Esa es una señal importante en un momento en que el país necesita menos consignas y más seriedad.
A mi juicio, es necesario reconstruir capacidad pública, y en las regiones esa reconstrucción debe expresarse de manera simultánea en varios frentes: un sistema de salud que funcione y devuelva confianza, una educación que abra oportunidades reales, una presencia integral del Estado en los territorios, una política energética que alivie la vida cotidiana del Caribe y una lucha más efectiva contra la corrupción que drena recursos y legitimidad.
Por eso vale la pena leer el programa de Fajardo con atención. No porque resuelva por sí solo todas las preguntas, sino porque ofrece una secuencia razonable: poner orden donde hoy hay caos, abrir oportunidades y convertir esa recuperación en dignidad y en cierre de brechas. Para una generación joven que desconfía del discurso vacío, para los hogares de estratos medios y populares que viven bajo presión económica y para una región Caribe cansada de la improvisación, esa secuencia puede ser más importante que cualquier consigna. Ordenar la salud, abrir oportunidades con la educación y llevar Estado a los territorios, con energía confiable y transparencia real, no es una fórmula menor. Simplemente es, precisamente, el comienzo de una reconstrucción seria del país.