Este sábado 24 de mayo hay que madrugar a votar a la consulta de la Universidad de Cartagena. Es la forma más legítima de defender a la Universidad de las fuerzas oscuras, turbias y malignas que se la quieren arrebatar al pueblo. Se trata de la única institución pública que en realidad nos pertenece. Si hay una institución de la cual las gentes sienten orgullo, es la Universidad de Cartagena.
Desde el pasado 2 de mayo la Universidad tuvo que asimilar un golpe a su normatividad, en virtud de un fallo judicial de obligatorio cumplimiento. Un golpe directo a la autonomía universitaria, la cual constituye el espíritu mismo de la academia. La Universidad Pública debe funcionar en condiciones especiales de autorregulación, por una razón sencilla: el conocimiento es siempre provisional y, por eso, necesita garantías para su avance y desarrollo. Unas garantías especiales que sólo se pueden dar en la vida académica que, a su vez, se fundamentan en la Constitución Nacional. Una de las repercusiones del fallo en la vida institucional universitaria es que su cumplimiento condicionó el calendario del proceso de consulta. Desde siempre se ha consultado a la comunidad académica en dos días. Un día para modalidad presencial. Otro día para modalidad distancia. Asimilar lo dispuesto en el fallo condicionó a la Universidad a establecer el sábado 24 de mayo como único día para realizar la consulta de ambas modalidades de estudio.
¿Por qué –por ejemplo- para las elecciones presidenciales, los colombianos que residen en el exterior votan con ocho días de anticipación y a lo largo de toda la semana? Porque el ejercicio electoral se tiene que anticipar a las distintas realidades sociales. No obstante, nos dieron un golpe institucional. Listo. Se aceptaron las nuevas disposiciones, pues, 187 años de institucionalidad pueden asimilar un fallo judicial como este. Sin embargo, una cosa es el plano electoral y otra cosa son las múltiples y distintas amenazas que se ciernen sobre la Universidad de Cartagena. Sólo el voto masivo, activo y consciente puede detener en seco el interés insaciable de aquellas fuerzas criminales y asesinas que han capturado universidades como las de Sucre, Magdalena y Córdoba. Si es que son de los buenos, aquellos que están promoviendo la abstención en la consulta universitaria, no saben lo que hacen. No calculan que el único patrimonio verdadero del pueblo es la universidad pública. He sido testigo de jóvenes que llegan en las peores condiciones materiales y la universidad les cambia literalmente la vida. Una tarde, mientras estaba en un taller arreglando el chicamóvil, un joven me regaló un pan. Era Cristian mi alumno de tercer semestre, que para sostener a su familia vendía pan en un triciclo. Hoy Cristian es el asistente principal de la Maestría en Educación. O Emmanuel, que siempre vivió apuros muy penosos con una voluntad inquebrantable. Hoy es un profesional idóneo y muy competente. Su cara de angustia desapareció. O el caso de Andrea que, en compañía del Vicerrector de Investigaciones y sus profesores, se ganó a puro pulso una beca de maestría en Alemania, con todo pago.
Cuando estaba en mi primer año de doctorado, me acometí a la tarea de revisar los archivos de la Universidad de Cartagena, de las décadas de los años cuarenta y cincuenta. Dos décadas en que la ciudad no pasaba de ciento veinte mil habitantes y donde más del sesenta por ciento de la población era analfabeta. En aquella época, no existía el sistema de consulta universitaria. De manera que hallé un patrón de nombramientos a lo largo del período, pues, se rotaban los puestos entre el gobernador, el rector y el secretario de educación. Otro aspecto que revisé fue el otorgamiento de becas, que también era a dedo. Las becas eran concedidas, casi todas, a los miembros de la élite que estudiaban en la Universidad. Lo que se relaciona con la pobreza y la ignorancia más espantosa de siempre: ¿Quiénes estaban más preparados para pasar los exámenes de la universidad? Los miembros de la élite. En contraste, la consulta y la elección a los distintos cargos universitarios, es la consolidación de la autonomía universitaria; es la base democrática de la vida académica en todos los aspectos. Hoy en la universidad están presentes todos los grupos sociales: desplazados, desmovilizados, indígenas, afros, comunidad LGBTI y personas con discapacidad entre otros muchos modos de ver la vida y el mundo.
Imagínense si los violentos y extremistas de toda pelambre se apoderan de lo único que le queda al pueblo. Son amenazas horrorosas que pueden venir de cualquier lado, es decir, de la extrema izquierda o de la extrema derecha. A mi juicio, eso no tiene nada que ver. Por que usted puede instalarse en la ideología que más guste, pero ¿Por qué asesinar a vicerrectores, decanos, profesores y estudiantes como aconteció en universidades como las de Córdoba y Magdalena? ¿Por qué amenazar a un grupo de estudiantes y de profesores porque van a votar el 24 de mayo? En el fondo se trata de sinvergüenzas que no tienen ningún respeto ni por la gente, ni por la democracia.
Al año se gradúan más de ocho millones de bachilleres en Colombia. Unos quinientos ochenta mil entran a la universidad pública y el resto se reparten entre el SENA y la universidad privada ¿Qué pasa con los más de seis millones de bachilleres que quedan sin educación superior? Les espera la universidad de la calle. Se trata de una realidad propia de un modelo de crecimiento económico donde la educación es una mercancía. De manera que la universidad debe profundizar la educación pública con calidad. Lo grave es que la sociedad no comprende lo que significa la reciente acreditación institucional de la Universidad de Cartagena. No se trata de una medallita y ya. La acreditación es un plan de mejora de obligatorio cumplimiento en un período determinado. Un plan de mejora que todo universitario está comprometido a cumplir, con miras a la reacreditación institucional en 2018.
Para que la consulta del 24 de mayo sea válida, tiene que votar mínimo el 50% de la población habilitada. De lo contrario, el rector nos lo van a imponer, como se hacía en los años cuarenta y cincuenta. Un rector de fuera, que, quien sabe si le cabe la universidad en la cabeza o si le interesa lograr la reacreditación institucional. Una universidad pública con calidad es lo mínimo que el pueblo se merece. Si el 5 de junio próximo, los estamentos no han elegido al Rector, el Consejo Superior tiene la potestad para nombrar a quien quiera. La voluntad de nueve personas predominará sobre la decisión irresponsable de 23 mil miembros de la comunidad académica que, dando prelación a sus intereses particulares, quebrantó la autonomía como el más sagrado principio institucional. La historia nos juzgará.
