Siempre es necesario aclarar que la crisis del sistema de salud no inició con el gobierno Petro, pero tampoco se acabó, y evidentemente empeoró, llevándola al borde de convertirse en una crisis humanitaria. En el año 2022 se presentaron ciento cincuenta y seis mil trescientas cincuenta y siete (156.357) tutelas y, si la tendencia sigue como ha corrido, en el año 2025 terminaremos con alrededor de trescientas catorce mil (314.000) acciones de tutela, casi el doble de las que teníamos en el año 2022, siendo la negación de la prestación del servicio de salud la principal causa. La salud no solo es un derecho humano, sino un derecho fundamental, y cuando estos se vulneran, se producen víctimas; así que podemos decir que los pacientes se están convirtiendo lentamente en víctimas. El modelo “preventivo, predictivo y resolutivo” ni previene, ni predice ni mucho menos resuelve; el remedio ha resultado peor que la enfermedad.
"Un paciente que operaron de un ojo necesitaba un colirio que no le entregaban y que valía cerca de trescientos mil pesos. El paciente se hizo amigo de otro paciente que operaron el mismo día y que sí pudo comprarlo. Decidieron compartir. Él iba a que le aplicaran una gota en la mañana y volvía en la tarde para que le aplicaran la otra, tratando de que el medicamento alcanzara para los dos." Este y otros testimonios de pacientes fueron socializados por la actual defensora del pueblo en su Audiencia Defensorial: "Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados"; donde el panorama no pudo ser más desolador: 685.000 quejas en la Supersalud por barreras en el acceso a medicamentos en lo que va del 2025, esto equivales a 1600 quejas por día; aumento del 33.8% en tutelas respecto al año pasado; y los más triste, 6 de cada 10 pacientes tienen que pagar de su bolsillo por medicamentos que estén en el POS; en algunos casos teniendo que escoger entre comer o pagar por medicamentos.
Tristemente, incluso el Ministerio Público ya es consciente de que el actuar del Gobierno Nacional y su Ministerio de Salud ha traído como consecuencia la vulneración del derecho de los pacientes a acceder a servicios que garanticen su salud. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que los pacientes son víctimas de este gobierno al inducir esta crisis, como señaló en un comunicado un grupo de varios exministros de salud esta semana.
Faltan doscientos setenta y dos (272) días para el 7 de agosto y no hace falta ser opositor para darse cuenta de que el actual gobierno y sus ministros se han ensañado de una forma visceral con el sector salud. Se enfrascan en implementar, mediante decretos, reformas que no pasan en el Congreso por falta de aval fiscal; es decir, porque no logran demostrar con que dinero se harán realidad sus propuestas. En este punto los ciudadanos debemos tener presente que el Estado no produce dinero, sino que lo recauda a través de impuestos que pagamos los ciudadanos, somos quienes pagamos el precio de las fantasías utópicas que salen de la cabeza del presidente.
A menos de 2 meses para terminar el 2025 hemos pasado por todo tipo de ultraje, desde la estigmatización de la profesión médica, la criminalización de la gestoría farmacéutica por parte de los operadores logísticos, hasta la satanización de las empresas prestadoras de servicios de salud. Pero la discusión llegó a su punto más vil cuando el Gobierno, en cabeza del presidente y varios senadores de su bancada, se atreven a mencionar que aquellos pacientes que legítimamente reclaman sus derechos están movidos por intereses particulares y se lucran del sistema de salud. Les vendría bien leerse los derechos de los pacientes, a ver si se corrigen un poquito.