Está más que demostrado y los ciudadanos también sabemos que la corrupción es un cáncer que hizo metástasis en Colombia desde la época de Simón Bolívar. Sigue intacta hoy en día después de tantos años como república. Y es sabido desde hace rato que la corrupción se traga 50 billones al año (https://www.elpais.com.co/colombia/cada-ano-la-corrupcion-les-roba-50-b…) dicho por el mismo responsable de vigilar los recursos públicos como es el contralor. El conocimiento colectivo de la sociedad colombiana es que aquí todo lo que puedan robarse se lo roban sin ningún sonrojo y sin escrúpulos. La registraduría nacional del estado civil es una de esas entidades donde la corrupción en épocas electorales se la rifan, la ferian al mejor postor, por ser un ente sin autoridad legal para ejercer control.
Me explico mejor. Sólo se encarga de garantizar el conteo de votos y mostrar resultados a través de sus boletines consolidados. Claro que la registraduría tiene una alta responsabilidad en la identidad de todos los ciudadanos con la expedición de la cédula de ciudadanía y la tarjeta de identidad que en realidad esta debería ser sus funciones exclusivas y tener una organización especial para los procesos electorales. Y en estos procesos electorales es una entidad sin autoridad legal para rechazar cualquier inscripción de un candidato a elección popular.
Así es, tener una entidad encargada de realizar todos los procesos electorales aparte de la registraduría y que tengan potestad para no permitir la inscripción de candidatos que aparezcan con impedimentos fiscales, disciplinarios o penales. La figura de “presunción de inocencia”, todo estado debe garantizar el debido proceso a sus ciudadanos, es su esencia. Esto es civilidad, pero nadie puede estar por encima de la ley, por el solo hecho de aparecer reseñado en la fiscalía, procuraduría o contraloría debería ser impedimento para inscribirse como candidato a una elección popular. Es decir, cuando demuestre su inocencia es cuando se convierte en un ciudadano libre de cualquier investigación. (https://news.un.org/es/story/2018/11/1446621) Una reseña de las Naciones Unidas.
Es otra mirada de la “presunción de inocencia”, no es desconocer los derechos de los ciudadanos, es evitar desgastes institucionales y blindar los procesos electorales. No es persecución contra nadie, la libertad se respeta, pero las personas también deben respetar las instituciones, y aquí al infringir la ley debería tener sus sanciones de por vida. Esa presunción deja un sesgo para que algunos la utilicen para alcanzar el poder y después transferírselo a otra persona cercana al anterior. Es decir, hay conciencia de que la persona estaba impedida y, sin embargo, se lanzó a la elección. Y aquí surge otra concepción, “gobierno en cuerpo ajeno”.
Invocando la sana crítica, nadie que aparezca investigado al momento de una elección, estará impedido incluso para inscribirse y menos para ser candidato de cualquier partido político o movimiento social. Una especie de Datacrédito electoral, si apareces en el sistema financiero reportado te cierran cualquier crédito. No existe término medio. Así también tiene que ser la registraduría o quien haga sus veces, revisar los antecedentes de los candidatos y rechazar inscripciones. Una perla, hay personas con investigaciones abiertas sin ser acusados, aspiran en igualdad de condiciones que los ciudadanos libres de cualquier proceso investigativo. No se puede seguir premiando al presunto delincuente y, los ciudadanos de bien castigados por las normas vigentes.
PD: Sólo se han tocado los impedimentos legales, de forma, ahora qué tal si revisamos los de fondo, Programas de Gobierno, que también deberían tener sus evaluaciones exante, el nivel educativo comprobado, sólo dos ejemplos.
