Dentro de los procesos de planeación, no existe acontecimiento que ocasione más daño a las comunidades que la ejecución de un proyecto a destiempo. Es un daño enorme que produce impactos negativos a los beneficiarios directos, pero, a su vez, una gran frustración por la idea soñada de solucionar un problema. Y, pero aún, cuando los afectados por el atraso son la población más vulnerable de cualquier sociedad civilizada, los niños, como acaba de pasar en Cartagena por lo no ejecución de un proyecto nutricional de 0 a 5 años. Consecuencia, según el Veedor en Salud 30 mil niños afectados por negligencia del DADIS y demás.
El alcalde William Dau acaba de afirmar en El Universal y por redes sociales, “Si una parte de esos recursos no se ejecuta, esto no significa que la plata se pierda. Sencillamente se pierde la posibilidad de ejecutarlo en el tiempo establecido. Esos recursos seguirán siendo del Distrito y nadie se los quitará”. Suena alentador, pero es una respuesta muy olímpica, como si la ejecución del proyecto nutricional por el DADIS no era importante. Son niños que se quedaron esperando sus sustentos nutricionales. Y muy seguramente la medición del DNP y el Ministerio de Hacienda como indicador de gestión, lo(s) tiene sin cuidado que sean mal calificados.
Es de entender también, que presuntamente se están presentando actos de corrupción en el DADIS, comentado por el mismo alcalde mayor. Sería bueno que los entes de control intervengan de inmediato, y aparezcan pruebas contundentes por estas acusaciones graves de corrupción. Quién lo creyera, un gobierno distrital en contra de la corrupción, y una de sus dependencias de la mayor importancia envuelta en estos actos.
Es bueno comprender que, la contratación pública, siempre ha sido lenta. Sin embargo, cuando exista interés por cumplir sus funciones misionales, es una obligación administrativa cumplir con lo que le corresponda. Si, los recursos públicos se pierden o no se ejecutan a tiempo, le cabe responsabilidad, y es causal de investigación disciplinaria según las normas colombianas. Negligencia administrativa, prevaricato por omisión o por acción, son conductas tipificadas como delitos.
El presupuesto general de la nación tiene que conservar y mantener su tiempo de ejecución y tratar de solucionar las necesidades de todos los colombianos. Esta es la esencia del estado, el bienestar de las comunidades. Y no ejecutar o dejar de ejecutar un proyecto de desarrollo en su tiempo, es una acción penalizada, y que debe tener responsabilidad civil y administrativa por el funcionario público o ente privado. A mí me parece grave que, no se ejecuten unos recursos en su tiempo cuando los directos beneficiarios son niños.
P.D. Ja, ja, ja ahora me imagino todos los proyectos que no ha terminado EDURBE, e incluso algunos ni los hacen y nada pasa, al contrario la fortalecen dándoles más recursos para administrar y contratar de forma directa.
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2023 A TODOS MIS AMIGOS Y LECTORES.
