Para nadie es un secreto que ningún municipio o distrito de Colombia tienen la capacidad financiera para ejecutar un proyecto de desarrollo. Por eso, así lo anuncia la constitución nacional con los conceptos de subsidiariedad y complementariedad que le corresponde al estado atender inversiones de gran impacto en todo el territorio colombiano. En términos reales, toca esperar, esperar que la capital decida cuándo van a priorizar los proyectos, siempre y cuando estén dentro de las políticas públicas del Plan de Desarrollo vigente, y entonces sí, ir pensando en los recursos asignados, y los que se deben apropiar en los presupuestos locales.
Así funciona el país, la tan anunciada autonomía de las entidades territoriales nunca ha sido. Desde el gobierno de César Gaviria, cuando la apertura económica y todo el proceso de globalización que se avecinaba con el nuevo orden económico mundial, se le ha venido diciendo a los municipios, distritos y departamentos que los gobiernos territoriales deben ser más productivos, más eficientes y mejorar sus finanzas públicas, mejor dicho, lograr siquiera recaudar su funcionamiento. Ninguno lo ha logrado, quizás sólo cuatro ciudades podrían lograrlo, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, debido a su alto nivel de comercio y desarrollo urbano. El máximo ingreso de los municipios y distrito es el impuesto predial, pero todos dependen del Sistema General de Participación -Y si algunos municipios se les aplicaran las normas administrativas y fiscales podrían desaparecer como tal-
Sí al municipio o distrito le toca esperar, esperar la financiación, dónde quedan los departamentos, estos sí que menos recursos tiene para invertir. Son sólo entes territoriales intermediarios entre estado y municipios. Mantienen una exagerada planta de personal que pareciera el gobierno nacional chiquito en cada departamento. Ahora a raíz de la pandemia, se le han limitado más sus funciones debido al uso de las tecnologías. Muchos aseguran, estudios lo respaldan, que los departamentos deberían desaparecer, son sólo entes altamente burocráticos y nada más.
Conclusión, sin capacidad financiera, toca esperar, esperar…. que en el altiplano incluyan proyectos de desarrollo de gran impacto en las regiones. Y todavía falta agregarle el tinte político para que la financiación sea más acelerada, sino pasan gobiernos enteros sin que le den un vistazo a los proyectos, y les bailan el indio durante años. Cuando el problema a resolver cause estragos o daños en la ciudadanía, es cuando lo desempolvan para mirar su financiación, así funcionan las cosas en Colombia y en todos sus entes territoriales, y se repite en muchos países de América Latina.
La discusión de Bolívar y Santander sigue vigente, somos un país centralista. La estructura administrativa y política está diseñada para que el poder central se siga concentrando más y más. Por eso algunos afirman que en Colombia existe una dictadura fiscal, en otras palabras, el que tiene el bolígrafo manda. Y toca seguir esperando, esperando hasta cuando pueda existir un interés económico, social o político en un megaproyecto regional.
