El 23 de diciembre del año 2013 escribí una nota sobre las homologaciones. (Ver en: http://www.eluniversal.com.co/blogs/vida-diaria/homologaciones) Pásmense ustedes amigos lectores, las cosas siguen igual casi un año después. La Gobernación no ha cumplido.
Hoy he decidido encarar al gobierno departamental, en cabeza del Doctor Juan Carlos Gossaín, para que responda ante muchos pensionados nacionalizados que tienen derecho a estas homologaciones y les están bailando el indio hace más de 10 años. Y lo hago por dos motivos: el caso de la señora Yolanda Bruges de Bolivar, estado lamentable en que se encuentra (ver en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-extrano-caso-de-yolanda-bruges-la-diabetes-insipida-y-la-nueva-eps-154709 y por mi papá, ambos nacionalizados del Ministerio de Educación.
El gobernador festejó con bombos y platillos, haber logrado sacar al departamento de la ley 550 o ley de restructuración de pasivos. (Ver en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/departamento-de-bolivar-sale-de-la-ley-550-84588)
Desde ese tiempo hasta acá, pregunto señor gobernador, ¿y las homologaciones a quién o quienes se las pagaron? ¿Las cobraron los abogados o se evaporaron en la gobernación? Son derechos adquiridos de los pensionados. El Ministerio de Hacienda, cuando protocolizó la salida de la ley 550, entregó al tesoro departamental más de 63 mi millones para que terminara de ponerse al día con sus acreedores, y entre esos, los pagos de las homologaciones. -La plata se la robaron, dicen algunos o hicieron mal uso de ella- Le recuerdo lo que afirmó cuando firmó el acta de liquidación de la ley 550, “Pagamos las obligaciones que otros gobernantes no pagaron” (ver en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/bolivar-salio-de-la-ley-550-84624
La Contraloría General de la República debe intervenir, lo mismo que la Procuraduría y Fiscalía. Son dineros de destinación específica, y sin embargo, los maltratados pensionados tienen que dar poder a abogados para que demanden y se lleven la mayor parte de lo que van a recibir. -Y van pacientemente a la gobernación a indagar por sus derechos y la respuesta es de cajón, “hable con su abogado”-
Existe un contubernio éntrelos abogados y algunas dependencias de la gobernación, relacionadas con las homologaciones. De eso no cabe la menor duda. Las resoluciones salen a cuenta gota y con nombre propio. Menos las de Yolanda Bruges de Bolívar y la de Rafael Garrido Márquez.
Y como para colmo de males, el presupuesto de este año se agotó, no hay plata, dicho por los mismos abogados. “Hay que esperar el otro año y volver a presentar la demanda”, confirman los abogados. -Que burla tan grande con una enferma terminal y un anciano como mi papá- En algún país desarrollado que conoce el gobernador, desatender las necesidades de los ancianos de esta manera, merece destitución y hasta cárcel.
El abogado Santamaría hizo hasta para vender con la gobernación. Llegó hasta el extremo que la paralizaba a través de embargos judiciales. Hoy no sucede así, pero la situación es más grave, los beneficiarios no saben si los que dicen la verdad son los abogados o la gobernación. –A algunos les dicen que no les deben nada, que ya se les pagó a los abogados y los abogados dicen que no han salido las resoluciones- Gobernador tiene usted la palabra. ¿Quién dice la verdad? ¿Cuál es la verdad verdadera? ¿Van a pagar o ya es un caso cerrado dentro de la moderna administración pública? Y me piden que escriba; “si no hay ley que los haga cumplir, la justicia divina los ajustará”
