Se cumple por estos días el primer año de una interesante y necesaria apuesta por la participación comunitaria distrital ―el Instituto de Acción Comunal (IDACCC)― que tiene como objetivo fortalecer las Juntas de Acción Comunal (JAC). Las JAC representan mucho más que organizaciones vecinales; son la piedra angular de la participación ciudadana a nivel barrial y comunitario. Su rol trasciende la gestión de actividades sociales y la resolución de problemas cotidianos; poseen un potencial intrínseco para erigirse como defensoras fundamentales del Derecho a la Ciudad, lo que conlleva, en su esencia, la facultad de todos los habitantes de disfrutar plenamente de los espacios urbanos, acceder equitativamente a los servicios esenciales y participar activamente en la configuración de la ciudad que habitan.
En el contexto particular de Cartagena, las JAC han desempeñado históricamente un papel crucial en la articulación de necesidades básicas y la representación de los intereses de sus comunidades ante las instancias gubernamentales. Desde la gestión de servicios públicos hasta la organización de iniciativas comunitarias, su labor ha sido vital para el tejido social de la ciudad. En este contexto, es importante reconocer que ese potencial muchas veces se ve frecuentemente mermado por una serie de desafíos estructurales y coyunturales.
Encontramos como uno de los obstáculos más significativos la fragmentación interna que a menudo permea a estas organizaciones. Esta falta de cohesión puede debilitar su capacidad de acción y su legitimidad no solo ante la misma comunidad, sino también ante las autoridades, a lo cual se suman los pocos o nulos recursos humanos y económicos necesarios para desarrollar proyectos de impacto, realizar diagnósticos rigurosos de las necesidades de sus barrios o participar de manera informada en los procesos de planificación urbana, lo que los hace codependientes de la administración local.
Es necesario, por tanto, potenciar el arraigo comunitario y el conocimiento profundo de las dinámicas locales que poseen las JAC, lo que las convierte en actores estratégicos para la defensa del Derecho a la Ciudad. Esto nos lleva a la necesidad de fortalecerlas internamente, ofreciendo programas de capacitación en áreas clave como planificación urbana; gestión de proyectos comunitarios; conocimiento de los derechos ciudadanos y mecanismos de participación y resolución de conflictos existentes; trabajar en valores como la colaboración, la corresponsabilidad, la solidaridad y la empatía social; esquemas de transparencia; gestión de recursos y rendición de cuentas, los cuales son pilares esenciales para construir organizaciones sólidas y confiables.
El trabajo articulado y cohesionado con todas las dependencias y organizaciones distritales es fundamental, ya que la creación de redes entre las JAC de diferentes barrios y localidades de Cartagena permitirá intercambiar experiencias, coordinar acciones conjuntas y la formación de un frente común para tener una voz más fuerte y un mayor poder de negociación frente a las autoridades distritales.
Esta formación también es crucial en habilidades de incidencia política, es decir, capacitarlas para presentar propuestas concretas y bien fundamentadas a la administración distrital, participar activamente en los espacios de concertación y ejercer una veeduría ciudadana efectiva sobre los proyectos de desarrollo que impactan sus comunidades; no sin antes habilitar espacios que permitan conocer su impacto en aspectos esenciales como el ambiente, la movilidad y la calidad de vida.
Asimismo, es también importante el establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de investigación y otros actores de la sociedad civil que puedan brindar a las JAC el apoyo técnico, legal y logístico necesario para fortalecer su labor y ampliar su impacto, ya que por su conexión directa con las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, las JAC representan una fuerza poderosa para construir una ciudadanía más justa, equitativa e inclusiva, de tal modo que fortalecer su capacidad de acción no es solo una necesidad, sino una inversión fundamental para garantizar que el Derecho a la Ciudad deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad tangible para todos los cartageneros.
¡Gran reto!
Elfa Luz Mejía Mercado
Directora del Lab3c
