El gobierno y, especialmente, quienes han ocupado el Ministerio de Salud, han utilizado cuantas falacias han encontrado para justificar la destrucción de un sistema que es la esperanza de vida de muchos colombianos. Una de las razones por las que han podido avanzar en este proceso es que, como sociedad, hemos negado aceptar las verdades difíciles de tragar sobre los problemas estructurales de nuestro sistema de salud.
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Somos un país con mucha gente pobre y el grueso de nuestros pacientes no tiene para pagar sus tratamientos:
En un estudio realizado por Fred G. Manrique-Abril y publicado en 2018 en la Revista de Salud Pública, se documentó que solo en una IPS de primer nivel en Tunja el costo anual de atención esperado para un paciente con hipertensión arterial fue de 3.122.076 de pesos sin incluir el costo de medicamento no pos, ni la realización de ecocardiograma. En un estudio más reciente realizado por el Dr. Fabián Hernández, publicado en 2024 en la Revista Colombiana de Cardiología, se analizó la carga económica de la Hipertensión Arterial Pulmonar, una enfermedad huérfana, encontrando que el costo de diagnóstico promedio en Colombia fue de $2,904,724.51, mientras que el costo anual de tratamiento promedio asciende a COP $71,410,480. Tal vez algunas personas puedan asumir el costo de un tratamiento de 3 millones anuales, pero ¿cuántos se pueden costear una enfermedad que sobrepasa los 70 millones de pesos por año? Yo diría que solo los 4000 más ricos. Si el sistema desaparece, muchos van a morir porque el costo financiero de la enfermedad será insostenible.
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“La salud es un derecho, no un negocio”
Es la mentira más grande que les han podido decir para justificar la destrucción del sistema de salud. En Colombia la salud si es un derecho establecido en la ley estatutaria 1751 de 2015 pero la retórica tergiversa lo que esto significa:
Usemos un ejemplo. Partiendo de la premisa que la salud es un derecho, no un negocio, los hospitales no tendrían que volver a pagar nunca más el recibo de la energía eléctrica, ya esa energía se gastó garantizando el derecho a la salud. ¿Qué pasaría entonces? Pues le cortan la luz, porque si bien la salud es un derecho, la energía eléctrica es un servicio que tiene un costo que se tiene que pagar.
Bueno, aplique eso a todo lo que se requiere para garantizar el derecho a la salud y encontrará que la salud es un derecho al que se accede a través de servicios que son muy costosos y la única forma en la que las empresas, llámense hospitales, clínicas o consultorios pueden asumir sus costos de funcionamiento es generando valor y en salud eso se logra vendiendo servicios de salud (consultas, estudios, laboratorios, cirugías), es decir haciendo negocios. Así las cosas, la salud no solo es un derecho sino un negocio, uno que debe preservar su capacidad de ser un negocio para que sea sostenible.
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“El problema es que las EPS se robaron la plata de la salud”
Y eso que no vieron lo que hicieron con la plata entidades como Cajanal y el extinto próximo a resucitar Seguro social.
En realidad, el problema financiero es más complejo que eso. Nuestro sistema viene arrastrando deudas desde pandemia y a eso debemos sumar que la exministra Corcho (la de la crisis explícita) planteó en el Congreso de la República una reducción de la asignación de recursos adicionales para 2023 de 8,1 billones de pesos a 3,8 billones de pesos, lo que corresponde a 4.3 billones menos para la salud de los colombianos, ante las críticas el Ministerio se vio obligado a aumentar la UPC, el dinero que se asigna por cada afiliado al sistema de salud, en 16,2% y luego sacaron pecho por eso. No pues, gracias por destinar menos plata a la salud. Para 2025 la UPC sube solo 5.3% aunque los técnicos del mismo ministerio alertaron que se requería minino 17% para asegurar la sostenibilidad del sistema. A esos técnicos los echaron del ministerio por decir eso. Resumen, el gobierno cada vez destina menos plata para la salud, pero nuestros gastos siguen en aumento. Y eso que no hemos hablado de presupuestos máximos.
Pero volvamos a los de las EPS que, según el gobierno, son el problema y no su evidente e intencional estrangulamiento financiero sistemático del sector salud. Si el problema son los 5,3 billones de los que no aparecen soportes y el dinero que se desvió a paraísos fiscales, entonces ¿por qué le pidieron la renuncia directamente desde el Palacio de Nariño al Superintendente Luis Carlos Leal cuando radicó la denuncia de estos presuntos hechos de corrupción en la fiscalía? A todos nos interesa saber que pasó, donde está la plata y quienes son los responsables ¿Qué no quieren que se sepa?
Dejémoslo hasta ahí, más de tres pildoras por día es polifarmacia..
