Las vacunas nos han permitido erradicar y prevenir enfermedades que en el pasado cobraban miles de vidas o que dejaban con secuelas permanentes a cientos de personas. Colombia cuenta con el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que garantiza el acceso gratuito a vacunas a todos los niños del territorio nacional y que sin ser perfecto es una herramienta muy útil en términos de salud pública. Lamentablemente, a pesar de sus beneficios, las vacunas no se salvan del toque perverso de la desinformación que ha llevado a la creación de movimientos antivacunas que hacen que algunos padres opten por no vacunar a sus hijos por temores infundados que carecen de respaldo científico.
Partiendo de esto, las declaraciones de esta semana del Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo respecto a la vacunación de menores contra la fiebre amarilla en respuesta al brote que se ha reportado en nuestro país, son por decir poco, desafortunadas. Cito textualmente: “De todo niño, niña, adolescente, menor de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”
¿Será que en el Ministerio de Salud no hay una oficina jurídica que asesore al Ministro?
Sus afirmaciones van en contra de lo establecido en nuestra Constitución, en el Código Civil y en la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) donde se deja claro que la patria potestad de los niños en Colombia es de los padres como su derecho y deber primario, salvo en condiciones graves como negligencia o abuso y que las intervenciones a las que se refiere el doctor Jaramillo deben darse siempre en el marco del debido proceso. En este punto al Ministro toca recordarle que el deber del estado no es usurpar las funciones de la familia, es garantizar los derechos de todos nosotros; ojalá alguien le avise que la vacunación no puede ser utilizada como caballo de Troya para ocultar los delirios autoritarios de ningún funcionario.
Este tipo de mensajes arbitrarios y medio dictatoriales no deben ser tomados a la ligera y deben rechazarse de forma categórica. Solo proponer una intervención estatal de tal magnitud con semejante ligereza e insinuar que el ICBF puede funcionar como una especie de herramienta coercitiva para imponer una medida sanitaria los padres “desobedientes”, tergiversa la misión de esta entidad cuya función principal es proteger a los niños y hace más daño que bien si lo que se quiere es ampliar la cobertura de la vacunación.
Esto no significa que se deba subestimar una enfermedad tan peligrosa como lo es la fiebre amarilla, en la que la mitad de los pacientes que alcanzan la fase tóxica mueren. Ante un panorama tan delicado nuestra primera función como médicos y más aún la del Ministerio de Salud es educar a la población, no amenazarlos con erosionar las libertades individuales y los derechos de los padres. Facilitar el acceso a información científica confiable en un lenguaje sencillo ayudaría mucho más a las familias a comprender la magnitud del problema y el peligro que la fiebre amarilla representa. Eso nos urge, porque la amenaza de la fiebre amarilla es real y puede dejar muchos muertos a su paso.
Dato curioso: ¿Saben quién sí intentó transferir la patria potestad de los menores al estado? Hugo Chávez Frías. Se las dejo ahí.
